Caritas indicó que tiene “la esperanza puesta en que la nueva ley para urbanizar las villas genere condiciones para salir de la pobreza a muchas personas”

viernes, 12 de octubre de 2018

12/10/2018 – El coordinador de Desarrollo Institucional de Caritas Argentina manifestó que la entidad caritativa apoya la ley de regularización dominial de más de 4 mil villas, asentamientos y barrios populares de Argentina, sancionada esta semana por el Congreso. Juan Pablo Gasme sostuvo que Caritas Argentina tiene “la esperanza puesta en que esta nueva ley genere condiciones para que muchas personas puedan salir realmente de la pobreza. Nuestra institución acompañó el proceso iniciado por el Estado nacional y distintas organizaciones sociales en el año 2016, especialmente la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular)”.

Gasme destacó que “todo el proceso se hizo con un perfil muy bajo en todo el territorio nacional, relevando más de 4000 de estos barrios populares en localidades con más de 10 mil habitantes. Inicialmente, cuando era presidente de Caritas Argentina monseñor Oscar Ojea, se inició todo esto y tuvo continuidad bajo la titularidad de monseñor Carlos Tissera”.

Gasme también rescató como valioso de la nueva norma “que se suspenden por 4 años los desalojos, que venían siendo situaciones de mucha violencia para las familias, porque a veces el derecho prima sobra la vida de las personas y eso es muy triste”. La organización caritativa sostuvo que la nueva ley “sientas las bases necesarias para generar procesos de regularización dominial e integración urbana, y muchas personas y familias–especialmente los más empobrecidos– puedan acceder a los derechos básicos de tener tierra y techo”.

La ley de regularización dominial de villas, que fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, declara la “utilidad pública” y sujeto a expropiación de las tierras (en gran medida privadas) donde se localizan 4.416 asentamientos urbanos precarios, con el objetivo de entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar. Los barrios alcanzados por la normativa son los relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), en un trabajo que contó con la contribución de movimientos sociales.