El aporte estatal del culto católico: lo real, lo interesado y lo ideal

El audio de monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco

No fue casualidad que una diputada que está a favor del aborto se interesara públicamente sobre el dinero que el Estado argentino destina a la Iglesia católica. Se trata de información pública que conocen o deberían conocer los diputados por la reciente discusión del presupuesto. El monto de 130 millones de pesos representa sólo el 7 por ciento de todo el dinero que ponen los católicos para sostener a la Iglesia. De dónde surge esta tradición constitucional y a qué se destinan esos recursos.

La propia diputada nacional Carla Carrizo, del bloque Evolución Radical, lo admitió en su blog de Internet (http://carlacarrizo.com.ar) en una nota titulada “Aguer y los privilegios de la Iglesia Católica”. Allí deja claro que su interés por preguntarle al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el dinero que el Estado nacional destina al sostenimiento del culto católico tiene que ver con que algunos obispos opinan en el debate sobre la despenalización del aborto.

También se desprende de ese texto que la diputada Carrizo está a favor del aborto y que no está de acuerdo con que los obispos cuestionen al Gobierno como lo hizo el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer.

Si no lo hubiera admitido la integrante del bloque Evolución Radical, su interés por usar el dato del aporte estatal a la Iglesia para desacreditarla, también habría sido evidente. Porque la información que solicitó es pública y debería haber pasado por sus manos durante la última discusión del Presupuesto nacional, en diciembre pasado.

Otro debate interesante

Resulta muy interesante abrir también este debate, a propósito de debates interesados como el de la despenalización del aborto. Porque -lo sabemos- la verdad nos hará libres. Aunque contrariamente al planteo de Carrizo y de algunos medios, sí es importante hacerlo con datos claros y concretos como los que señaló, en diálogo con Radio María, el obispo de San Francisco, Sergio Buenanueva.

En cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Nacional, el Gobierno nacional transferirá, durante todo el año 2018, a la Conferencia Episcopal Argentina, 130.421.300 pesos. Pero sólo el 50 por ciento de ese monto se destina a los aportes que reciben los obispos diocesanos, auxiliares, eméritos y los administradores apostólicos y diocesanos, sumas que están entre los 40 mil pesos y 46.800 pesos por mes.

Si bien este monto tiene una equivalencia con un cargo del Poder Judicial (equivale al 80 por ciento de lo que cobra un juez de primera instancia), no se trata de un sueldo ni un salario. Lo explicó monseñor Buenanueva: “Lo que recibimos los obispos no es un sueldo, no tiene razón de sueldo, no se hace ninguna de las deducciones y aportes que sí hacen los sueldos normales. Por eso tampoco pagamos el impuesto a las Ganancias porque no es un sueldo, sino un dinero que a la diócesis a nombre de los obispos que lo destinan a algunos gastos personales, a ayudas, al mantenimiento de las casas donde residen y a cubrir otros gastos de funcionamiento como por ejemplo, en mi caso, en el obispado hay cinco empleados cuyos sueldos se ayudan a pagar con lo que yo recibo”.

Desde la Secretaría de Culto de la Nación se informó que el resto del aporte anual se destina a colaboraciones para seminaristas y para las denominadas parroquias de frontera o que están en lugares complicados. Y también se destina a prestaciones y servicios brindados a través de proyectos específicos como talleres, capacitación en oficios, cursos de educación no formal y fomento de actividades deportivas, culturales y sociales, entre otras actividades.

Desde el propio Gobierno destacaron que “no hay discrecionalidad” en la distribución de estos recursos, según publicó el diario La Nación. Consultado al respecto, el obispo de San Francisco explicó: “Como es lógico, cada vez que este tema toma estado público se generan interrogantes e inquietudes. Hay mucha gente crítica que dice y se pregunta por qué los que no son católicos tienen que mantener a los curas o a los obispos. Por eso vale la pena hacer algunas aclaraciones”.

Para Buenanueva, los ciudadanos tienen “el derecho de saber en qué gasta el Estado la plata que se le entrega a través de los impuestos”. En ese sentido, agregó: “Los católicos también pagamos impuestos y el Estado administra el dinero que le damos. Y esos recursos vuelven a nosotros, entre otras cosas, a través de lo que el Estado le da a la Iglesia católica como también a otros cultos desde la recuperación de la democracia. Y está bien que así ocurra”.

También se suelen hacer otros aportes estatales, que fueron descriptos por Buenanueva como “extraordinarios” y ante casos de parroquias que tienen que terminar un salón o hacer alguna remodelación de una capilla antigua, o para construir un nuevo centro de culto. “Estos aportes -dijo el obispo- también se hacen para obras artísticas, deportivas y otras actividades que los ciudadanos libremente organizamos y que tenemos derecho a que el Estado nos ayude”. Por ese motivo, explicó que “no es un privilegio de la Iglesia católicaque la Iglesia reciba estos aportes. “Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y para eso nos damos el Estado y para eso le damos al Estado nuestros impuestos para que vuelvan a lo que los ciudadanos consideramos importante y necesario para nuestras vidas”.

¿Lo ideal?

Sin embargo, para el obispo de San Francisco, este sistema de aportes estatales para la Iglesia católica debería cambiar. “Yo estoy convencido -explicó-, y son muchos los obispos que decimos que tenemos que cambiar este sistema; no podemos seguirlo manteniendo así porque a la Iglesia católica en Argentina la sostenemos los católicos, domingo tras domingo, con las colectas y con distintas actividades relacionadas con la obra evangelizadora de la Iglesia”.

El obispo puso como ejemplo lo que ocurre en otros países donde en la declaración jurada de bienes que hacen los ciudadanos se indica qué parte de sus ingresos pueden estar destinados al sostenimiento de iglesias y de otras actividades solidarias, etcétera.