El nuevo Pacto Fiscal y la teoría del derrame

17/11/2017 – El tema excluyente de hoy es la firma del Pacto Fiscal por parte del Gobierno nacional, del presidente Mauricio Macri, y de los gobernadores de todas las provincias, excepto, por ahora, la de San Luis que no firmó para diferenciarse y para hacer resaltar que, al contrario del resto de los distritos, no tiene deudas para con el poder central. Sin embargo, se dice que en las próximas semanas, San Luis también se sumará al nuevo Pacto Fiscal.

El acuerdo trata de rearmar el esquema de distribución de recursos federales, es decir, de los recursos que le ingresan al Estado nacional y que debe coparticipar -o no y de qué manera- con las provincias.

Para entender la importancia de esto, de que se pongan de acuerdo, basta recordar que es una materia pendiente desde que Carlos Menem y el ya fallecido Raúl Alfonsín firmaron el Pacto Fiscal para reformar la Constitución en 1994, con la exhortación abierta a reordenar la Ley de Coparticipación Federal. Nunca se pusieron de acuerdo. En ese “nunca” se mezcla también la diferencia histórica entre Buenos Aires, el “puerto” y el resto de las provincias. Porque el acuerdo implica otorgar más recursos a Buenos Aires, provincia gobernada por María Eugenia Vidal -hoy la figura del oficialismo de Cambiemos con mejor imagen-, sin quitarles recursos a las otras jurisdicciones. Por eso las provincias han admitido que renunciarán a las demandas judiciales contra el Estado Nacional.

Pero como los recursos que manejamos los hombres, siempre son escasos para todo lo que el hombre quiere hacer, si se dirige más plata a un sector, de algún lado tiene que salir. Y aquí está el problema: los grandes perjudicados de este histórico pacto fiscal son, lamentablemente, los integrantes de uno de los sectores más débiles y más postergados de nuestra democracia: los jubilados nacionales.

Esto es así porque parte de los recursos que el Estado nacional obtendrá para cumplir con el Fondo del Conurbano Bonaerense y con el bono que otorgará a las provincias, saldrán del ahorro que resultará de modificar el sistema previsional y la forma de calcular los aumentos de los haberes de los jubilados, y de la Asignación Universal por Hijo.

Con el sistema que todavía está vigente desde hace cinco o seis años, los jubilados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo el año próximo iban a recibir dos aumentos anuales, que en todo el año alcanzaría entre 24 por ciento y 26 por ciento. Con el cambio del sistema que resultará de este pacto fiscal, el aumento será (como están titulando casi todos los diarios oficialistas) trimestral, pero sólo por encima de la inflación. Y como la inflación pronosticada por el propio Gobierno sería de 14 por ciento, el aumento de los jubilados sería de unos puntos más, pero nunca del 24 o 26 por ciento como iba a ser con el actual sistema.

Actualmente, y desde 2009, las jubilaciones se actualizan a partir de una ecuación que combina la evolución de los salarios y el incremento de la recaudación. Este sistema aplica un aumento automático en marzo y otro en septiembre.

El acuerdo prevé tres aumentos anuales, pero en un porcentaje que, si no hay un rebrote inflacionario, será bastante menor al actual, aunque, dicen, mayor a la inflación. Se anuncia que se garantizará el 82 por ciento móvil, pero del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en torno a los 10 mil pesos, y sólo para quienes tengan 30 años de servicio con aportes efectivos. Y, por último, que se “impulsará la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio”.

Algunos dirán que es justo que se les aumente un poco por encima de la inflación. Pero se olvidan de que la mayor parte de los jubilados (más de tres millones de adultos mayores) cobra la mínima: poco más de 7.300 pesos, un monto que no llega a cubrir ni la mitad de la canasta básica, que está en 16 mil pesos mensuales.

Entonces cabe preguntarse si es justo que se quite a estos jubilados la posibilidad de mejorar aunque sea un poco la histórica postergación de su situación salarial.

Ante esta posición crítica se dice que es necesario avanzar en este sentido “porque realmente el país debe bajar el déficit fiscal”.
Es cierto que es una necesidad. Pero hay que decir otras cosas.

El Estado no es un padre bueno. Pero siempre se dice que debe administrar los recursos como un jefe de familia. Un administrador justo, ¿le quitaría los medicamentos a un hijo que viene padeciendo una enfermedad desde hace varios años?

El Gobierno nacional con el objetivo de movilizar el mercado y la economía, y de sumar inversiones y crear empleo le ha mejorado notablemente el panorama a los sectores concentrados del sistema económico y productivo: ha quitado retenciones a los productores, a las empresas mineras, recién ahora gravará la renta financiera. Está muy bien. Pero el propio presidente Macri dijo ayer, en un audio que se filtró de la reunión con los gobernadores, que no tenían que aumentar los sueldos de los empleados públicos para que las empresas pudieran abrir más puestos de trabajo.

En esta visión se inscribe también la reforma laboral que fue por todo y que aminoró algunas de sus pretensiones en la negociación con la dirigencia sindical.

En efecto, uno entiende que la teoría del derrame, esta que dice que cuando el sistema económico, es decir, los que manejan el sistema económico, tiene muchísimos recursos, comienza a derramar hacia los sectores menos favorecidos. Esa teoría, ha seguido siendo teoría y relato en la realidad, como lo ha sido el otro relato, el que decía que todo estaba muy bien, que no había inflación, que no había corrupción.

Los relatos, cuando ignoran la realidad, son elitistas, sólo benefician a sectores generalmente empoderados.

Por Javier Cámara