02/06/2021 – Esta semana, en el ciclo “Por la vida”, se abordó el nuevo Protocolo de aborto, una actualización de las versiones anteriores de la Ley.
Antes del análisis de este tema, escuchamos la participación del dr. Luca Valera, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Director del Centro de Bioética de dicha Universidad, quién nos relató cómo se está viviendo en Chile la discusión en torno a la Ley de eutanasia que se está aprobando en ese país, la estrategia de quienes impulsaron el proyecto y las causales para acceder a la eutanasia.
El 28 de mayo se dio a conocer la Resolución 1535 del Ministerio de Salud de la Nación que aprueba el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho al aborto. El nuevo Protocolo sale publicado en el Boletín Oficial y se presenta como una actualización de las versiones anteriores (fechadas en 2007, 2010, 2015, 2019) y se enmarca en la ley de aborto (Ley 27610).
Este protocolo presenta, además de reafirmar el acto de quitar la vida de la persona por nacer, otras cuestiones y objeciones importantes de informar y analizar:
“Hay que aclarar que un protocolo es una norma técnica de carácter especial, un conjunto de pasos prácticos frente a un caso concreto. Un protocolo no es una ley sino es un instrumento a aplicar ante una situación y en el que se dan pautas de conductas de tipo prácticas (como ocurre, por ejemplo, con los protocolos sanitarios en este tiempo de pandemia)”.
“En el caso del aborto esto cambia, porque estamos hablando de una cuestión médica, que implican manuales de conducta que regulan la actuación profesional médica”.
“En este marco es que nos encontramos con que este protocolo tiene un perfil distinto porque se divide en dos partes: una primera parte titulada “Marco legal” y la segunda “Proceso de atención integral de las personas con derecho al aborto”. Es decir, que lo que debería ser un instrumento práctico se dedica a interpretar la ley y al interpretarla trata de ampliar sus alcances”.
“Uno se encuentra con que el protocolo lo primero que hace es interpretar y de la manera más amplia posible a favor del aborto y lo más restrictiva posible para la objeción de conciencia. Hay todo un capítulo nuevo dedicado a las responsabilidades civiles, penales o institucionales que le caben a los médicos y profesionales de la salud que no cumplan el protocolo, como una especie de amenaza. Da la sensación de ser un instrumento que quiere doblegar al objetor de conciencia”.
Podés acceder al informe elaborado por el Dr. Nicolás Lafferriere ingresando aquí y te invitamos a escuchar el análisis completo de este protocolo en el audio al inicio de esta nota
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