09/02/2026 – El Nodo Argentina de la Red Continental de Iglesias y Minería, junto a diversas organizaciones de fe y comunidades indígenas, manifestó su preocupación ante la propuesta del Gobierno nacional de modificar la actual Ley de Glaciares. Los referentes religiosos sostienen que esta iniciativa legislativa representa una acción regresiva que pone en riesgo las reservas hídricas estratégicas del país. La postura eclesial se fundamenta en la protección de la «casa común», un concepto promovido por el Papa Francisco que vincula la fe con la responsabilidad social y ambiental.
Victor Hirch, hermano religioso de la Congregación del Verbo Divino y secretario ejecutivo de Vivat Argentina, explicó que la normativa vigente desde 2010 es fundamental para proteger no solo las masas de hielo, sino también el ambiente periglaciar. Según Hirch, el proyecto oficial busca «correr los límites para permitir la explotación minera», lo cual afectaría directamente la regulación de la temperatura y el abastecimiento de agua dulce en el territorio. «No podemos dejar la creación librada solamente a decisiones vinculadas al extractivismo o a la explotación económica», señaló el religioso.
Desde Vivat Argentina, organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, destacan que la actividad minera a gran escala genera daños que muchas veces son irreversibles. Hirch advirtió que la renta de estas actividades no suele traducirse en beneficios para las poblaciones locales, quienes terminan asumiendo el pasivo ambiental. «La explotación minera tiene efectos negativos muy contundentes y deja un pasivo medioambiental muy acentuado que no es asumido por las empresas ni por los Estados», afirmó.
La preocupación de las comunidades de fe se extiende a la gestión de los recursos naturales como bienes comunes para las generaciones futuras. En un contexto de crisis climática e incendios en la Patagonia, la Iglesia enfatiza que el agua es un recurso más valioso que los minerales. Para Hirch, es contradictorio avanzar con proyectos que demandan grandes cantidades de agua en zonas donde el recurso es escaso y vital para la agricultura y la vida humana, recordando que «el agua es más valiosa que el oro».
Otro punto crítico señalado por el referente es la falta de capacidad de monitoreo por parte del Estado sobre la actividad minera. Hirch advirtió sobre la «tentación inmediata de un beneficio a corto plazo» que podría influir en las decisiones políticas de las provincias. Según su visión, el país no cuenta con la estructura necesaria para controlar efectivamente el volumen de minerales que salen del territorio, lo que agrava la incertidumbre sobre el impacto real de ampliar las zonas de explotación.
Finalmente, el llamado de las organizaciones eclesiales es a abrir un espacio de debate y sensibilización en la sociedad antes de que el Congreso trate las modificaciones. La propuesta es defender el legado ambiental alcanzado con la ley actual y evitar que decisiones económicas de corto alcance comprometan el ecosistema patagónico. «Nuestra visión está fundada en la fe, en que valoramos este territorio como una casa común», concluyó Hirch, instando a la comunidad a no ser meros espectadores ante los cambios legislativos.
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