05/05/2026 – En el marco del Día Mundial del Asma, la agenda sanitaria en Argentina se ve atravesada por una decisión que ha generado una fuerte controversia: la creación de un registro oficial para la fiscalización, importación y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina.
La medida, publicada recientemente en el Boletín Oficial, implica un giro en la política pública, al pasar de un esquema de prohibición a uno de regulación de estos productos, ampliamente cuestionados por su impacto en la salud.
Desde el Gobierno sostienen que la decisión responde a un dato concreto: las restricciones vigentes hasta el momento no lograron frenar el consumo, especialmente entre adolescentes, donde la prevalencia alcanzó el 35,5 % en el último año. Bajo este nuevo marco normativo, estos dispositivos pasan a ser considerados productos elaborados con tabaco y quedan alcanzados por la Ley N° 26.687, lo que implica la inclusión de advertencias sanitarias y ciertas limitaciones en su promoción.
Sin embargo, distintas voces del ámbito médico y científico han encendido señales de alerta. Entre ellas, la del doctor Gonzalo Cadamuro, especialista en Neumonología y referente en cesación tabáquica, quien advierte sobre los riesgos de este cambio de enfoque. “Estamos ante una medida que, en los hechos, facilita el acceso a productos que no son inocuos y que tienen un impacto directo en la salud respiratoria, especialmente en jóvenes. No podemos perder de vista que el vapeo no es una alternativa segura, sino una nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina”, sostiene.
En esa misma línea, Cadamuro subraya que el contexto en el que se toma esta decisión resulta particularmente sensible. “Es paradójico que en el Día Mundial del Asma estemos discutiendo la flexibilización de productos que afectan directamente las vías respiratorias. El mensaje que se transmite es, como mínimo, confuso, porque mientras promovemos el cuidado de la salud pulmonar, habilitamos dispositivos que pueden dañarla”, afirma.
El especialista también pone el foco en el impacto que estos productos tienen en las nuevas generaciones, uno de los principales puntos de preocupación para la comunidad médica. Según explica, “los vapeadores han sido diseñados con estrategias que resultan atractivas para los adolescentes: sabores, formatos, dispositivos tecnológicos. Aunque la normativa intente limitar estos aspectos, la experiencia internacional muestra que su consumo sigue creciendo entre los más jóvenes”.
A su vez, advierte que el cambio de paradigma —de prohibición a regulación— puede generar una percepción errónea en la sociedad. En palabras del propio Cadamuro, “cuando el Estado regula un producto, muchas personas interpretan que es seguro o, al menos, menos riesgoso. Y en este caso eso no es así. La evidencia científica muestra que estos dispositivos contienen sustancias tóxicas, generan dependencia y pueden producir daño pulmonar”.
Desde una perspectiva más amplia, el médico remarca la necesidad de sostener políticas públicas coherentes en materia de prevención. “La lucha contra el tabaquismo ha sido uno de los grandes avances en salud pública de las últimas décadas. Introducir o legitimar nuevas formas de consumo de nicotina puede significar un retroceso si no se acompaña con estrategias muy firmes de control, educación y prevención”, señala.
En este escenario, el debate queda abierto. La decisión del Gobierno busca dar respuesta a un consumo que ya existe, pero plantea interrogantes profundos sobre sus consecuencias a mediano y largo plazo. Como advierte el doctor Gonzalo Cadamuro, “no se trata solo de regular un mercado, sino de definir qué modelo de salud queremos promover, especialmente cuando están en juego las generaciones más jóvenes y la calidad de vida futura”.