13/05/2026 – La posible modificación de la Ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada” volvió a poner en el centro del debate la situación de millones de familias que viven en barrios populares de la Argentina. Desde distintos sectores vinculados a la pastoral social y al trabajo territorial crecen las voces de preocupación ante una iniciativa que, según advierten, podría significar un retroceso en materia de integración urbana y acceso a derechos básicos.
En ese marco, Cáritas Argentina participó de un espacio de reflexión en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, junto a organizaciones sociales y representantes de organismos internacionales, para analizar los desafíos del hábitat y la pobreza urbana desde una mirada integral. Allí estuvo presente Sofía Zadara, directora ejecutiva de la institución, quien remarcó que el problema no puede reducirse únicamente a la vivienda.
“Nosotros cuando hablamos de hábitat hablamos de algo más general, pero siempre centrado en la persona. Nosotros decimos el desarrollo humano integral como primera respuesta, inclusive como desafío a nivel nacional”, expresó Zadara, al explicar que detrás de los barrios populares aparecen problemáticas estructurales como “la violencia, el narcotráfico y el hacinamiento que viene hace rato haciendo daño a nuestro país”.
La referente de Cáritas recordó además que la organización participó activamente en el proceso de creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), iniciativa que permitió identificar y avanzar en la regularización de miles de asentamientos históricos. Según explicó, el eje de la discusión actual está puesto particularmente en el capítulo del proyecto que podría modificar esos avances alcanzados mediante consensos políticos amplios.
“Fue conciliado casi por primera vez por todos los colores políticos al unísono”, señaló, al destacar que el objetivo principal era “cuidar la periferia y sobre todo la regularización dominial de villas que vienen hace mucho tiempo”. En ese sentido, aclaró que no se trata de “tomas actuales”, sino de barrios históricos donde viven millones de personas desde hace décadas.
Zadara sostuvo que el concepto de integración sociourbana “supera la erradicación”, porque involucra no sólo el acceso a la tierra, sino también a servicios esenciales y oportunidades comunitarias. “Estamos hablando de más de cinco millones de personas, de las cuales más de dos millones son niños, niñas y adolescentes”, afirmó, remarcando que muchas familias todavía carecen de acceso básico a ambulancias, agua, calles transitables o incluso una dirección formal.
En relación con esto, explicó que uno de los logros más importantes fue la implementación del certificado de vivienda familiar, una herramienta que permitió reconocer formalmente a familias que durante años permanecieron invisibilizadas. “Cada niño, cada niña que va a la escuela y que vive en un barrio popular no tiene ni dirección”, advirtió, al subrayar la gravedad de una situación que afecta derechos elementales.
La dirigente también respondió a cuestionamientos frecuentes respecto de las ocupaciones de tierras y aclaró que el espíritu de la legislación vigente apunta precisamente a la regularización estatal de situaciones históricas. “La Ley del RENABAP tenía que ver con el Estado acompañando estas comunidades que no son tomas actuales ni de privados”, explicó. Y agregó: “Lo que se buscaba siempre era regularizar estas tierras. Por eso se había creado también la Secretaría de Integración Sociourbana”.
Desde la mirada pastoral, Zadara insistió en que la presencia de la Iglesia en los barrios populares responde a una opción concreta por acompañar el sufrimiento humano allí donde más se expresa. “La periferia es nuestro centro”, afirmó. “Donde hay situaciones de dolor y mucha vulnerabilidad es donde elegimos estar”.
En ese sentido, destacó que el trabajo de Cáritas busca fortalecer redes comunitarias y promover respuestas integrales junto al Estado, organizaciones sociales y vecinos. “Cuando uno va a un barrio popular encuentra también iniciativas positivas: centros comunitarios, apoyos escolares, clubes parroquiales. Lo que hacemos es buscar con otros respuestas a problemas estructurales y potenciar buenas prácticas”, señaló.
La directora ejecutiva de Cáritas vinculó además esta tarea con el llamado permanente del Papa Francisco a construir una “cultura del encuentro”. Recordó que la Iglesia está llamada a preguntarse continuamente “quiénes faltan a la mesa”, ampliando espacios de participación y escucha. “Necesitamos reforzar el valor de lo comunitario”, afirmó. “Ya no pasa nada más en tu rincón. Se trata de cómo aportamos desde cada lugar al bien común”.
En medio de un debate cargado de tensiones políticas y sociales, Zadara pidió evitar simplificaciones y sostener una discusión profunda sobre el modelo de sociedad que se quiere construir. “No queremos aparecer como oposición a una propuesta”, aclaró, “sino aportar a cómo romper ciertas pobrezas estructurales”.
Finalmente, valoró que el proyecto aún continúe en instancia de discusión parlamentaria y expresó su esperanza de que prevalezca una mirada más amplia e inclusiva. “Todavía se está dialogando el proyecto y estos diálogos ayudan para sumar una mirada más integral”, concluyó.