19/05/2026 – En una especie de defensa partidaria de José Luis Espert, el político libertario quien, el año pasado renunció a la candidatura de diputado nacional cuando se conoció que había recibido 200 mil dólares de un empresario acusado de fraude y lavado de activos en Estados Unidos, el presidente Javier Milei volvió a insultar y a cuestionar a periodistas que investigaron y publicaron información sobre ese caso.
Argumentando que el aportante de Espert no fue acusado de narcotráfico, el mandatario nacional escribió en sus redes sociales la frase “no odiamos suficiente a los periodistas”. Decimos “media verdad” porque al defender a Espert, Milei no dijo que el aportante de su socio político se había declarado culpable de estafa y lavado de activos para evitar ser investigado por narcotráfico.
Según lo expuesto por Alicia Miller, coordinadora de la Comisión de Libertad de Expresión de FOPEA, el mandatario falsea la realidad debido a que: «Fred Machado se ha declarado culpable en Estados Unidos, por eso y ha colaborado para que aprecien a otros. Por eso es que le van a rebajar la pena. No tiene nada que ver con que es cierto que Espert mintió al decir que no lo conocía cuando después se demostró que había viajado en sus aviones muchas veces y que había recibido dinero, mucho dinero… 200.000 de él. Así que por eso te digo, los gritos no pueden ocultar la verdad».
Pero el tema de fondo es otro, más profundo e importante, que es el valor de la información en una democracia y por qué es necesario el respeto del poder político, sea de derecha, de izquierda o de centro, a la información. La Constitución Nacional de Argentina protege la libertad de prensa y expresión de forma directa a través de dos artículos fundamentales que prohíben la censura previa y garantizan la libre publicación de ideas.
El Artículo 14, que establece que todos los habitantes gozan del derecho a «publicar sus ideas por la prensa sin censura previa». Esto implica que el Estado no puede prohibir la circulación de información antes de su difusión. Y el artículo 32 que prohíbe expresamente al Congreso federal dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella el control del Estado.Además, desde 1994, la Constitución nacional otorga jerarquía constitucional a tratados de derechos humanos (como la Convención Americana sobre Derechos Humanos) que amplían esta garantía al proteger el derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, prohibiendo igualmente la censura y estableciendo que solo caben responsabilidades posteriores ante la ley.
Aunque la libertad de prensa tiene una protección intensa (especialmente en asuntos de interés público) porque se considera un pilar de la democracia, no es un derecho absoluto. Los periodistas y medios pueden estar sujetos a responsabilidades ulteriores (como demandas por calumnias o injurias) si, al ejercer su labor, cometen delitos o dañan ilegítimamente la reputación y los derechos de terceros.Sin embargo, el escenario actual denota una preocupante escalada de hostilidad que excede los carriles habituales de disenso. El nivel de agresión proveniente de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo ha encendido las alarmas institucionales de las or ganizaciones periodísticas.
Al respecto, Miller señala: «Lo que está sucediendo con este gobierno de Javier Milei ha traspasado los límites de lo que conocíamos en la Argentina porque el nivel de insulto, la insistencia, la persistencia en querer deslegitimar no solo algunos periodistas en particular, sino al periodismo como tal, como institución de control difuso de los gobiernos, de los poderes públicos y privados realmente no tiene ningún antecedente por la gravedad». Esta violencia verbal y digital no queda recluida en el entorno virtual de las redes sociales, sino que se traduce de manera física y federal en el territorio argentino.
La especialista advierte sobre el peligro de un efecto derrame: «Ya estamos empezando a ver que se va de los dichos a los hechos, es decir, la violencia verbal, la violencia digital que el presidente impulsa desde las redes sociales todos los días y muchas veces por día, está generando que haya también violencia en las movilizaciones con fuerzas de seguridad que apalean a periodistas, que los atropellan con sus motos, que en las provincias donde se detiene ilegalmente a periodistas, donde también cualquier intendente, cualquier gobernador se siente habilitado a insultar a periodistas, a maltratar. Digamos, todo esto es una escalada y nos preocupa muchísimo».
Frente a este adverso panorama, resulta fundamental revalorizar el rol que cumple la prensa. El ejercicio periodístico no debe entenderse como un privilegio corporativo de los trabajadores de prensa, sino como una herramienta de contralor y un derecho humano fundamental que pertenece y sirve a toda la ciudadanía. En palabras de la coordinadora de FOPEA: «El poder que tenemos los periodistas es bastante más limitado que el poder de un Estado, el inmenso poder que tiene un Estado para crear opinión pública, para detener personas, para establecer leyes, digamos, nuestra situación es de mucha desigualdad, de vulnerabilidad frente al poder. Por otro lado, sí es muy claro que el periodismo tiene como función hacer un control difuso de los poderes públicos y privados… Somos de alguna manera el instrumento que la ciudadanía usa para estar informado, para ejercer su derecho a recibir información libre, completa y veraz sobre lo que sucede y lo que hacen sus gobernantes».
Finalmente, ante los casos en los que la prensa incurra en errores o inexactitudes, el orden democrático contempla mecanismos institucionales pacíficos que distan mucho del agravio público o el uso punitivo del aparato estatal. La solución legítima radica en el debate de evidencias y el uso de las normativas vigentes: «Primero y principal, el derecho a réplica. El derecho a réplica casi no se usa acá. Lo que se usa cuando alguien, algún periodista dice algo que molesta a un funcionario es mandarle una carta documento o hacerle una demanda, cuando la lógica y la ley mandan a que primero se haga uso del derecho a réplica… Pensar distinto en una democracia no es delito. Pensar distinto está dentro de lo que es lícito y hay que poder debatir ideas sin violencia, sin insulto, sin usar el tremendo poder del Estado para tratar de silenciar o atemorizar a periodistas y a medios».