09/03/2026 – Una investigación en los tribunales federales de Córdoba abrió un fuerte debate jurídico y social en torno a la subrogación de vientres. Fiscales federales solicitaron el procesamiento de los dueños de dos centros de reproducción asistida, un abogado y una empleada administrativa por el presunto delito de “explotación reproductiva”.
El caso fue dado a conocer por la periodista María Ester Romero en una investigación publicada en el diario Perfil Córdoba, que sigue de cerca el avance de este expediente considerado el primero en el país que analiza la posible trata de mujeres vulnerables vinculada a esta práctica.
El requerimiento de procesamiento fue firmado el 26 de febrero por los fiscales Enrique Senestrari, Carlos Gonella y la titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano. Los imputados son el propietario de la clínica Fecundart, José Pérez Alzaa; el dueño de la clínica Nascentis, César Sánchez Sarmiento; la administrativa Paula Liendo —cuñada del primero de los médicos— y el abogado Nicolás Gigena. Según explicó Romero, la causa no cuestiona la trayectoria profesional de los especialistas, sino el presunto montaje de un negocio en torno a la maternidad subrogada, una práctica que actualmente no cuenta con regulación específica en la legislación argentina.
“Es la primera investigación judicial que se abre en Argentina por este tema y por eso va a generar un debate jurídico muy importante. La figura de trata de personas se aplica habitualmente a casos de explotación laboral o sexual, pero en este expediente los fiscales hablan de explotación reproductiva”, explicó la periodista.
Romero detalló que el eje de la investigación no apunta a la práctica médica en sí, sino a las condiciones en que se habría desarrollado en algunos casos. “Lo primero que hay que aclarar es que los fiscales no cuestionan la técnica médica ni la posibilidad de subrogar un vientre. El problema es que en Argentina existe un vacío legal: cuando se reformó el Código Civil se intentó legislar sobre esto, pero finalmente no prosperó. Entonces hoy la práctica existe y son los jueces, caso por caso, quienes van resolviendo a través de la jurisprudencia”, explicó.
Según la investigación, en la mayoría de los casos autorizados por la justicia de familia suele existir un vínculo previo entre la mujer gestante y la pareja que desea tener un hijo, como familiares o personas cercanas. “Yo he entrevistado parejas en las que la mujer que subrogó su vientre era una cuñada, una hermana del marido o incluso una madrina de la madre. Es decir, había un vínculo afectivo previo muy fuerte. En esos casos los jueces analizan el entorno social y buscan asegurarse de que no exista un fin meramente comercial”, relató Romero.
Sin embargo, lo que detectaron los investigadores en esta causa fue una dinámica distinta. “En al menos catorce casos las mujeres que subrogaron su vientre no tenían ningún conocimiento previo con los llamados padres comitentes. El vínculo se generó a partir de las clínicas, que ya tenían registradas a estas mujeres porque anteriormente habían donado óvulos a cambio de dinero y luego fueron nuevamente contactadas para participar en estos procesos”, señaló la periodista.
Para los fiscales, el punto central es determinar si existió un aprovechamiento de la vulnerabilidad social de las mujeres involucradas. “Muchas de ellas declararon que aceptaron porque necesitaban dinero para alimentar a sus hijos o para construir una pequeña habitación en sus casas. Lo que los fiscales observan es que podría existir un negocio millonario detrás, con ganancias muy altas para clínicas y profesionales, mientras que las mujeres reciben montos mucho menores”, explicó Romero.
La periodista subrayó que esta desigualdad económica es uno de los elementos clave del expediente judicial. “El debate va a estar en determinar cuán libres son esas mujeres en sus decisiones o cuánto se aprovecha su vulnerabilidad. Ese es el punto central: si hubo explotación al captar mujeres en situación socioeconómica muy precaria para sostener un negocio altamente rentable”, afirmó.
Además del aspecto económico, el caso también plantea interrogantes éticos y jurídicos más amplios vinculados al nacimiento de los niños gestados mediante esta práctica. “Los fiscales incluso citan tratados internacionales sobre los derechos del niño y sostienen que si existe un negocio montado para concebir y gestar un niño, también se debe analizar la situación de la persona por nacer dentro de ese esquema comercial”, explicó Romero.
El expediente ahora se encuentra en manos del juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien deberá resolver si dicta el procesamiento de los cuatro acusados o si adopta otra decisión procesal. De avanzar la causa, podría convertirse en un precedente clave para el tratamiento judicial de la subrogación de vientres en el país.
“Este caso plantea un debate jurídico completamente novedoso en Argentina. Es innovador aplicar la figura penal de trata de personas a prácticas vinculadas a la reproducción asistida, y seguramente el tema recorrerá un largo camino judicial”, concluyó Romero