01/10/2021 – “Registradas” es el nombre del plan que impulsa el gobierno nacional para intentar regularizar a más de un millón de empleadas domésticas, muchas de las cuales perdieron la condición de trabajadoras registradas durante la pandemia, una iniciativa por la cual el Estado le pagará al personal doméstico entre el 30% y 50% del salario (el resto lo debe abonar el empleador) que tiene como objetivo reducir la informalidad, garantizar el acceso y permanencia a un empleo registrado e incentivar la bancarización.
La medida se enmarca en la serie de acciones que está impulsando el gobierno nacional luego del traspié electoral en las Primarias del 12 de septiembre pasado. Este programa de empleo implica que el empleador, el que contrata a la empleada doméstica, debe percibir ingresos mensuales inferiores al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (es decir, menos de 175 mil pesos), y tendrá que pagar el porcentaje restante del sueldo, los aportes, las contribuciones y la cuota de la ART de la trabajadora inscripta o del trabajador inscripto.
El acceso a este aporte del Estado no genera incompatibilidad con otros beneficios, planes, asignaciones y programas sociales, con excepción de la pensión no contributiva por invalidez, pensión no contributiva por madre de 7 hijos y pensión no contributiva por vejez.
Para saber cómo impacta esta medida en la registración de trabajadoras del sector dialogamos con Ana Altamirano, Secretaria General Adjunta del Sindicato de Personal de Casas de Familia de Córdoba.
A continuación la nota completa…
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