23/10/2025 – La caída abrupta del consumo en Argentina responde, de acuerdo con la organización Defensa de Usuarios y Consumidores, a una marcada pérdida del poder adquisitivo que afecta a millones de ciudadanos. Este panorama, que va más allá de la inflación, subraya que los salarios no logran equiparar el constante aumento de precios. Esta contracción en el gasto no se considera una circunstancia pasajera, sino una tendencia estructural, que obliga a las familias a ajustar sus gastos esenciales y a evitar endeudarse, ante la sensación de que sus ingresos han perdido significativamente su capacidad de compra.
Pedro Bussetti, presidente de la organización «Defensa de Usuarios y Consumidores», enfatizó el impacto de estas variables, señalando que la afectación es más grave en los sectores vulnerables. Bussetti, cuya asociación suscribe la doctrina social de la Iglesia en su labor, mencionó que el presunto logro gubernamental de estabilizar o reducir la inflación, aunque «nominalmente esto puede ser cierto», no se refleja en la realidad de los ingresos. En este sentido, la atención se centra especialmente en los casi seis millones de jubilados que perciben el haber mínimo, a quienes se cataloga como «una de las víctimas de este modelo de ajuste».
Uno de los principales detonantes de esta pérdida de poder de compra es el incremento en el costo de los servicios públicos. Pedro Bussetti destacó que, si bien los alimentos han tenido aumentos «más bajos», la incidencia de la energía eléctrica, el gas, el agua, la telefonía e internet es notable. Como ejemplo, señaló que un jubilado con el haber mínimo, que ronda los $390.000 (incluyendo bonos), debe destinar entre $40.000 y $50.000, lo que representa entre un 12% y un 20% del haber jubilatorio solo en servicios. De esta manera, «esos millones de jubiladores tienen un gasto permanente sin incluir los alimentos, ni los remedios», vital para garantizar la continuidad de estos servicios.
La retracción del consumo se evidencia con datos concretos del comercio. El presidente de la organización de defensa del consumidor citó estadísticas que muestran una caída de 33 millones de consumidores menos en las grandes cadenas de supermercados en los primeros siete meses de 2025. Este dato es «relevante», ya que demuestra que la baja de ventas ocurre a pesar de una menor inflación. Bussetti explicó que la razón es «la incidencia que tienen otros componentes del gasto, como son los servicios públicos,» en el presupuesto familiar.
Este panorama ha modificado los hábitos de compra. El especialista observó que la caída en ventas de las grandes cadenas beneficia a los comercios de proximidad o de barrio, ya que las familias han dejado de ir al supermercado a gastar grandes sumas y optan por hacer «pequeñas compras cotidianas en los comercios de proximidad». Sin embargo, esta elección tiene un costo: el consumidor «pierde poder adquisitivo también porque paga los productos más caros» en el almacén debido a la cadena de intermediación, que ha eliminado la venta directa del productor al minorista.
El impacto de las tarifas no se limita a las familias. Bussetti se refirió también a la caída de actividad en diversos rubros, como lo reflejan las estadísticas de la CAME (Cámara de las Pequeñas y Medianas Empresas), que muestran un declive constante en los últimos 12 meses. La situación tarifaria se agrava con casos como el de la provincia de Córdoba, donde un consumidor que usa 500 kW/mes experimentó un aumento del 688% en la tarifa eléctrica entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Además, advirtió sobre una próxima «modificación en el sistema de compra de la generación eléctrica» a nivel nacional que «va a generar un aumento» adicional. Finalmente, lamentó que, a pesar de las propuestas de los consumidores en las audiencias públicas, históricamente «nunca o en muy pocas ocasiones se ha tenido en cuenta a quiénes somos el destino de la actividad económica, que somos los consumidores», en las decisiones de los gobiernos.
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