21/10/2025- En una nueva edición de «Por la vida» el Dr. Nicolás Lafferriere, conductor del programa, mantuvo un diálogo con el Dr. Diego Velasco Suárez, profesor de la Universidad de Montevideo, quien desglosó los aspectos más controvertidos de la nueva legislación sobre eutanasia en Uruguay sancionada el pasado 15 de octubre.
El Dr. Diego Velasco Suárez es profesor de Derecho en la Universidad de Montevideo, ha sido uno de los abogados que más ha estudiado la ley de eutanasia que, lamentablemente, se acaba de aprobar. Ha escrito un libro muy completo sobre el tema y ha realizado aportes que fueron enviados a las comisiones del Senado y de Diputados con comentarios a la ley.
La ley titulada “Muerte digna. Regulación” que legaliza la eutanasia «tiene como característica que empezó tratando de que dejara de ser delito. Ese fue el proyecto inicial que se planteó en 2020 y que fue presentado por el legislador Ope Pasquet, del Partido Colorado, con una visión que él mismo definía como radicalmente liberal. Su postura era que las personas tienen derecho a decidir poner fin a su vida, y de una manera un poco contradictoria, lo limitaba a aquellas personas que tuvieran un sufrimiento insoportable o una enfermedad terminal, incurable e irreversible», comenzó explicando el Dr. Velasco Suarez.
«Este proyecto inicial fue modificado —más que modificado, reemplazado— por otro muy diferente, que establece que el Estado es quien debe procurar y ofrecer la eutanasia a determinadas personas. Eso se concreta en que las instituciones médicas tienen el deber impuesto por el Estado de ofrecer la eutanasia, y los médicos, a pesar de tener una ley específica que reconoce su código de ética, ven modificado dicho código».
«Se deroga el artículo 46 del Código de Ética Médica, en el que estaba prohibida la eutanasia, y se establece así una nueva función profesional. Hasta ahora, en Uruguay estaba prohibida la pena de muerte y nadie tenía el deber de matar. Ahora se establece el deber de matar«, enfatizó.
«Este es un cambio muy radical -señaló- porque el Estado pasa no sólo a desproteger el derecho a la vida, sino también a ser quien ofrece y provoca la muerte, estableciendo estos deberes. Es una violación institucional del primer derecho humano, que es el derecho a la vida, y del primer principio de la democracia, que es la igualdad de derechos ante la ley. Se genera así una discriminación entre vidas renunciables y vidas irrenunciables».
Respecto a la iniciativa de practicar la eutanasia, surge la duda de si debe tomarla el médico o el paciente. Y, además, la ley establece que la persona debe firmar, pero si no puede o no sabe hacerlo, puede firmar otra persona en su lugar. ¿Qué hay detrás de eso? La ley no es clara en ese punto y presenta ambigüedades.
«La vida ha dejado de tener valor de orden público; pasa a ser una vida renunciable. Y lo más grave es que todo esto se presenta como un derecho», porque se argumenta que uno no puede proponer a alguien ejercer su derecho», añadió.
Podés escuchar el programa completo en el audio que acompaña esta nota