29/07/2024 – Esta semana comienza a discutirse en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley que presentó el Gobierno nacional, con la firma del presidente Javier Milei y los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, para modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad de los 16 años, como es ahora, a 13 años.
Una frase que repiten los impulsores del proyecto, sirve para resumir el pensamiento de sus autores: “Delito de adulto, condena de adulto”. Los objetivos políticos son dar una respuesta a la inseguridad que incluye la participación de adolescentes en el delito y, por supuesto, el derecho de las víctimas de delitos.
Desde el Episcopado han surgido voces contrarias a la penalización de niños y adolescentes. El obispo auxiliar de Buenos Aires, vicario para la Pastoral en las villas y barrios populares, Gustavo Carrara, sostiene que “es necesario un régimen penal juvenil verdaderamente humano y abierto a la esperanza, con todas las garantías del proceso, sin bajar la edad mínima de responsabilidad penal, es decir, manteniéndola en 16 años.
Esto sería más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, con la Convención de los Derechos del Niño. En este marco aparecen caminos concretos: la justicia restaurativa, la mediación, la remisión de casos, las medidas no privativas de libertad. Los menores que son llevados al delito por organizaciones criminales son sus víctimas. El Estado debe alejarlos de esa opción, en lugar de reafirmarlos en el rol de delincuentes.
Dialogamos con el padre obispo Gustavo Carrara.
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