10/11/2025 – Integrantes de la Pastoral Laudato Si de la Parroquia San José, junto al administrador parroquial, Presbítero Gustavo Vaca, y representantes de diversas instituciones de Jáchal, San Juan, se presentaron ante el municipio para formalizar un pedido de análisis del agua. El reclamo, según explicó Carolina Caliva, es el clamor de la población: “Hagan los análisis, divulguen los resultados a la población y llévenle tranquilidad a nuestra gente.” La preocupación se intensificó tras recientes episodios, como la mortandad de peces en el dique Cuesta del Viento, lo que pone en alerta a una comunidad que consume el agua río abajo.
El pedido de audiencia con el intendente Matías Espejo no pudo concretarse, y la comitiva fue recibida por asesores y secretarios municipales. La urgencia del requerimiento se fundamenta en la Ordenanza «Agua Segura», implementada hace años a raíz de sucesivos derrames. Caliva indicó que, pese a la normativa y a los antecedentes de estudios que detectaron metales y metaloides como mercurio, manganeso, aluminio y cromo en el agua, “desde la gestión actual del señor intendente Matías Espejo no se ha realizado ningún análisis.” La inacción de dos años de gestión en este tema vital agrava la incertidumbre de los vecinos.
La situación del agua no solo impacta en el consumo, sino también en el sector productivo y el tejido social de Jáchal. La zona, históricamente productora de cebollas de exportación, experimenta dificultades. Se reporta que la escasez de agua, con cortes de 120 días anuales para los productores, limita la producción, y la mano de obra se ha desplazado hacia la minería. Un vecino de Córdoba, Pablo, compartió en comunicación que el daño de la minería “no es solo ambiental, sino social.”
La megaminería en las nacientes de los ríos, en zonas glaciares y periglaciares, agudiza la escasez hídrica en una región de por sí árida. Carolina Caliva señaló que el modelo extractivista de la megaminería en 15 años no cumplió con las promesas de pleno empleo y desarrollo sustentable. “El impacto que ha tenido la megaminería en nuestra zona no ha sido tal, ha sido todo lo contrario, más negativo que positivo,” afirmó, detallando que la mina Veladero emplea a un número reducido de personas, en contraste con los 25.000 habitantes del departamento.
Ante la falta de respuesta y la demora en la aplicación de la ordenanza, cuya ejecución requiere la conformación de un comité que el intendente recién estaría armando, la preocupación de la Pastoral es alta. El intendente, que es médico, “sabe mucho más sobre el impacto que puede tener un agua contaminada en la salud de nuestra población, de nuestros niños, nuestras vecinas que están embarazadas y demás,” expresó Caliva. La dilación para realizar los análisis, que las autoridades municipales proyectan para diciembre, es considerada tardía: “Si hay un foco contaminante en este momento, pues no lo vamos a remediar hasta diciembre.”
Mientras los vecinos que pueden, compran agua envasada, muchos otros, de escasos recursos, se ven forzados a consumir el agua corriente, lo que, según una de las referentes de la Pastoral, Sandra, “es más la población que no puede comprar que la que puede.” El consumo de agua con trazas de metales se acumula de forma paulatina en los órganos blandos, algo que Caliva califica como “más cruel todavía y perverso.” La esperanza de la comunidad se sostiene en la fe: “Nosotros creemos mucho en la justicia de nuestro buen Dios,” ya que en el ámbito humano, lamentablemente, tras 10 años, la causa del primer derrame “prescribió.” La Pastoral convoca a acompañar el proceso por “el cuidado de la casa común.”
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