26/03/2026 – El debate por la posible reforma de la Ley de Glaciares volvió a ocupar el centro de la escena pública en Argentina, en un contexto marcado por audiencias con una participación inédita: más de 100 mil inscriptos para exponer sus posturas. La magnitud de la convocatoria refleja la sensibilidad social que despierta un tema clave, no solo en términos ambientales, sino también sociales y económicos.
La discusión se da en la Cámara de Diputados, donde el proyecto impulsado por el Gobierno nacional —con el respaldo de gobernadores de provincias mineras— propone modificar el alcance de la normativa vigente. Actualmente, la ley reconoce a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas, fundamentales para el equilibrio hídrico. Sin embargo, la iniciativa oficial plantea limitar esa protección únicamente a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y delegar en cada provincia la potestad de definir qué glaciares deben resguardarse y en cuáles podrían habilitarse actividades extractivas, como la minería.
Diversas organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad civil advierten que este cambio implicaría un retroceso significativo en la protección del agua. En esa línea, la Pastoral Social ya había alertado que los glaciares “son fuentes de agua y vida, reguladores del sistema hídrico” y que cualquier afectación “impacta primero y con mayor crudeza en los más pobres y en las comunidades originarias”.
En este escenario, las audiencias públicas se convirtieron en un espacio clave de participación ciudadana. Allí se expresan posturas diversas: desde quienes defienden la necesidad de atraer inversiones y generar desarrollo económico, hasta quienes advierten sobre los riesgos ambientales y sociales de avanzar con actividades extractivas en zonas sensibles. Aunque estas instancias no son vinculantes, sí cumplen un rol fundamental en visibilizar el alcance del debate y en ejercer presión sobre los legisladores.
En diálogo con este contexto, Silvia Alonso, integrante del Movimiento Laudato Si, aporta una mirada crítica sobre el rumbo de la reforma: “Estamos frente a una discusión que no puede reducirse a una cuestión técnica o económica. Lo que está en juego es el acceso al agua como derecho humano básico y la protección de ecosistemas que son esenciales para la vida. Cuando se debilitan estas leyes, lo que se está poniendo en riesgo es el futuro de comunidades enteras”.
Además, subraya el valor de la participación ciudadana en estas instancias: “La enorme cantidad de personas inscriptas en las audiencias demuestra que hay una conciencia creciente sobre el cuidado de la casa común. La gente entiende que estas decisiones no son abstractas: afectan directamente su vida cotidiana, su salud y sus posibilidades de desarrollo”.
Finalmente, Alonso advierte sobre las consecuencias de avanzar en una flexibilización de la normativa:“Presentar esta reforma como una forma de ‘ordenar’ la ley es, en realidad, encubrir un cambio profundo que favorece intereses extractivos por sobre el bien común. La protección de los glaciares no es un obstáculo para el desarrollo, es una condición indispensable para que ese desarrollo sea verdaderamente sostenible y justo”.
Así, el debate continúa abierto, atravesado por interrogantes centrales: el rol de las audiencias públicas, el equilibrio entre desarrollo e impacto ambiental, y la responsabilidad de garantizar la preservación de recursos estratégicos para las generaciones futuras.