11/05/2026 – La creciente disputa internacional por el control de los llamados “minerales críticos” —como el litio, el cobre, el cobalto y las tierras raras— comienza a tener cada vez más impacto en la Argentina, especialmente en las provincias cordilleranas donde avanzan proyectos mineros de gran escala.
En ese escenario, comunidades, organizaciones ambientales e integrantes de distintas iglesias vienen alertando sobre las consecuencias sociales, sanitarias y ecológicas de un modelo extractivo que, según denuncian, pone en riesgo las fuentes de agua y la vida de poblaciones enteras.
La preocupación quedó reflejada en el reciente encuentro de Iglesias y Minería realizado en San José de Jáchal, provincia de San Juan, donde participaron comunidades católicas, evangélicas, organizaciones sociales y vecinos autoconvocados. Allí se volvió a denunciar el impacto de los derrames contaminantes vinculados a la actividad minera y el avance de nuevos emprendimientos sobre zonas sensibles desde el punto de vista hídrico y ambiental.
En ese contexto, Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea “Jáchal No Se Toca”, describió el escenario que atraviesa la región desde hace más de una década. “La carpa nació como un acampe después del primer gran derrame de cianuro y mercurio de la mina Veladero. Como vimos que desde la Justicia ya se habían acomodado a la nueva situación y parecía que no iban a hacer nada, decidimos permanecer ahí reclamando justicia y defendiendo nuestras fuentes de agua”, explicó.
La histórica carpa instalada frente al edificio municipal de Jáchal se transformó con el tiempo en un símbolo de resistencia ambiental en la provincia. Desde allí, los vecinos denuncian reiterados derrames de sustancias tóxicas provenientes de la mina Veladero y advierten sobre las consecuencias sanitarias y ambientales de la contaminación del río Jáchal, fundamental para el abastecimiento de agua y el desarrollo agrícola de toda la región.
Zeballos señaló que “venimos denunciando derrames con cianuro y metales pesados como mercurio, aluminio y manganeso que contaminan el río Jáchal, el mismo que riega todas las superficies cultivables donde se produce cebolla, tomate, membrillo y aceitunas”. Y agregó una advertencia preocupante: “Nos vamos a ir enfermando de a poco y ese es el gran problema. Ya hubo antecedentes en el mundo, como en la bahía de Minamata, donde durante décadas la población fue acumulando pequeñas dosis de mercurio hasta que aparecieron consecuencias irreversibles”.
Según explicó el referente ambiental, el problema no se limita a los derrames ya ocurridos, sino también al avance de nuevos proyectos extractivos sobre la misma cuenca hídrica. Uno de ellos es el denominado proyecto “Vicuña”, que integra las iniciativas José María y Filo del Sol. “Va a extraer cobre y oro mediante un proceso de flotación que consume cantidades enormes de agua. Estamos hablando de aproximadamente 270 millones de litros diarios. Nosotros decimos claramente que este proyecto va a secar Jáchal”, sostuvo Zeballos.
El reclamo también apunta contra las modificaciones impulsadas en la Ley de Glaciares y contra beneficios fiscales otorgados a las empresas mineras. Durante el encuentro en San Juan se cuestionaron el RIGI, las exenciones impositivas y acuerdos internacionales vinculados a la explotación de minerales estratégicos. “Las empresas pagan menos combustible y vacían pozos de agua sin costo, mientras los productores agrícolas apenas tienen agua unos pocos meses al año”, señalaron durante las jornadas.
Zeballos denunció además que, pese a los reclamos judiciales y las pruebas presentadas, no existen condenas firmes por los derrames registrados desde 2015. “La Justicia no ha condenado absolutamente a nadie, aunque hay pruebas suficientes presentadas tanto en Jáchal como en Comodoro Py”, afirmó. También recordó que existen “19 derrames confirmados por análisis de agua”, aunque muchos de ellos nunca fueron oficialmente reconocidos por las autoridades.
Uno de los episodios recientes que más alarma generó fue la mortandad de miles de peces ocurrida en noviembre de 2025 en el dique Cuesta del Viento. Según Zeballos, el gobierno provincial atribuyó inicialmente el hecho a la falta de oxígeno en el agua, pero análisis posteriores realizados por la Universidad Nacional de Cuyo contradijeron esa explicación. “Eso generó una desconfianza total por la salud de nuestro pueblo, sobre todo de los niños”, expresó.
En paralelo, los vecinos cuestionan la falta de controles efectivos sobre las compañías mineras y denuncian una fuerte presión económica y política alrededor del negocio extractivo. “El poder económico y el poder político son muy grandes”, afirmó Zeballos, quien también advirtió que muchos proyectos avanzan dentro de áreas protegidas como la Reserva de Biosfera San Guillermo.
Durante el encuentro de Iglesias y Minería, uno de los conceptos que más resonó fue el pronunciado por Daniel Sánchez, integrante de la Red Iglesias y Minería de Mendoza: “Para las zonas desérticas como Mendoza, los glaciares son el útero de la vida de las comunidades. Defender las nacientes, defender las fuentes de agua, es defender la fuente de la vida. Sin agua no hay vida. Defender el agua es defender la vida”.
En esa línea, las organizaciones participantes insistieron en que la discusión minera no puede reducirse exclusivamente a una cuestión económica o de generación de divisas. Para las comunidades afectadas, se trata de un debate profundamente humano, ético y social, vinculado al derecho al agua, la salud y la permanencia de las poblaciones en sus territorios.
“Estamos acá porque resistimos y porque queremos seguir viviendo en estos territorios”, resumió Zeballos. “Defendemos nuestras fuentes de agua porque vemos que un pueblo sin agua no puede seguir existiendo”.