19/12/2017 – Tras 17 horas de debate parlamentario en el interior del Congreso de la Nación y de otras tantas horas de violencia irracional y de cacerolazos en las calles, la Cámara de Diputados aprobó la polémica minireforma del sistema previsional nacional.
La votación fue 127 votos a favor y 117 en contra, 10 ausencias y dos abstenciones, con una mayoría conformada por los votos de Cambiemos más los de los diputados que responden a gobernadores circunstancialmente aliados del Gobierno nacional, como el de Córdoba que aportó cuatro votos peronistas, por ejemplo.
La sanción convirtió en ley los siguientes cambios:
-Reemplazó la fórmula de cálculo de actualización (aumentos) que estaba vigente desde 2009, para que los aumentos sean trimestrales y según una combinación del índice inflacionario (en un 70 por ciento) y de la evolución del Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) en el restante 30 por ciento. Es cambio reducirá prácticamente a la mitad el aumento que los jubilados nacionales iban a obtener en marzo del año que viene. Pero según el Gobierno y el propio presidente, “a futuro beneficiará a los jubilados”.
-Garantiza el 82 por ciento del salario mínimo a los beneficiarios que hayan hecho 30 años de aportes (lo que implicaría un aumento para 1,2 millón de jubilados), pero excluye a los que se jubilaron por la moratoria, entre ellos de la jubilación “de ama de casa”.
-Establece que los trabajadores del sector privado podrán optar por seguir trabajando hasta los 70 años, tanto a los hombres, que se jubilan por ley a los 65 años, como a las mujeres, cuya edad legal para retirarse es 60 años. Eso seguirá vedado para los empleados públicos.
-Significa para el Estado nacional un “ahorro” de 90 mil millones de pesos, dinero que no recibirán a través de aumentos con la fórmula derogada los jubilados, los pensionados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los discapacitados.
Para “compensar” la pérdida, el presidente Macri confirmó la firma de un decreto para otorgar, por única vez, un bono de 750 pesos o de 375 pesos, según hayan aportado o no durante 30 años o menos. Los beneficiarios de la AUH percibirán un bono de $ 400.
Hasta aquí los cambios que introdujo la aprobación.
Antes de eso, el país y el debate fue sometido a las presiones de la violencia callejera que dejó heridos y detenidos, con verdaderos actos de salvajismo que Macri atribuyó a sectores y dirigentes de la oposición y que pidió investigue la Justicia.
La Conferencia Episcopal Argentina, como informamos, repudió todo tipo de violencia y pidió, antes de la aprobación de la polémica ley, buscar y llegar a consensos para no perjudicar a los jubilados.
También se conoció, a través de una nota realizada por el periódico Vatican Insider, del diario L’Stampa, de Italia, que el papa Francisco se dijo “preocupado por la situación de los jubilados”.
Macri, quien brindó una conferencia de prensa luego de la aprobación, dijo que toda su gestión deberá medirse y juzgarse según si logra o no reducir la pobreza. Y aseguró que en este objetivo, sus dos ejes prioritarios son los niños y los jubilados.
Las palabras del Presidente parecen una contradicción flagrante ya que, de acuerdo a la pérdida del poder adquisitivo que implica la nueva ley, estos dos sectores (jubilados y niños) son los más afectados y perjudicados: los adultos mayores por la reducción del aumento de las jubilaciones y pensiones, y los niños por el achique de los incrementos de la AUH.
No obstante, Macri reclamó que se le crea que su intención es mejorar la vida de los argentinos y que está convencido de que todas las medidas que está tomando persiguen ese fin.
Desde diversos sectores que se opusieron democráticamente a esta sanción no descartaron la judicialización del caso, ya que, según explicaron, la nueva ley plantea una retroactividad que sería inconstitucional.
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