25/09/2015 – Mientras la mayoría de las actividades en la mina Veladero, en San Juan, continúan paralizadas por una medida cautelar, la empresa canadiense Barrick Gold reconoció que derramó más de un millón de litros de solución cianurada al Río Potrerillos, es decir, cuatro veces más de lo que la firma reportó al Gobierno de San Juan en su informe preliminar.
Tras disponer en un principio una suspensión de actividades en la mina durante cinco días, este martes el juez penal de San Juan Pablo Oritja extendió a un mes la paralización.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo este martes que no hubo contaminación y aclaró que el área ambiental de Naciones Unidas está tomando mediciones de los ríos adyacentes para corroborarlo. “Antes del fin de semana se van a tener respuestas y todo el mundo quedará tranquilo. El resultado seguramente será de cero contaminación”, dijo Fernández.
En diálogo con Radio María el Fiscal Gustavo Gómez, especialista en delitos ambientales, comentó que “hay que tener muy en claro la diferencia entre la ley de residuos peligrosos de lo que es el delito de contaminación previsto por el código penal que es el que está utilizando el juez de Jáchal. Él está apuntando a un empleado de la Barrick. La responsabilidad de este tipo de delitos es dolosa, es decir intencional, además hace responsable a aquel que operó la válvula o que trabajó de alguna manera en el propio lugar, en cambio la ley 24051 expresamente en el artículo 58 hace responsable al directorio de la Barrick. Entonces es importante tener en cuenta que aquí, en las causas Federales, no se corta el hilo por lo más delgado”.
También aclaró que “no hace falta que haya contaminación porque esta es una ley que prevee el delito de peligro. No hace falta que haya daño ambiental, ni que haya daño a las personas o a las plantas, porque sería una ley perversa si yo tengo que salir a esperar a que haya daño para que exista el delito. Por eso es una ley de peligro y las declaraciones de nuestro jefe de gabinete son desafortunadas, porque después de tantos días salir a decir que hay contaminación 0 es no investigar qué ocurrió el mismo día de volcado que es cuando ocurrió el delito”.
En cuanto a los próximos pasos de la investigación, el Fiscal Gómez explicó que “hay que tener en cuenta que en éstos tipos de delitos hay muchísimo intereses económicos y políticos, de hecho es un golpe muy duro a la Cámara Minera de la República Argentina que siempre nos quiso vender el casette de que la minería a cielo abierto no era contaminante y de que no había ningún peligro para los ciudadanos, cosa que en Tucumán con el caso la Lumbrera hemos demostrado que es falso.
Tenemos que estar con los ojos abiertos y releer la Encíclica del Papa Francisco, donde dice que no se puede habilitar ningún tipo de emprendimiento de éstas características sin el consentimiento expreso de los ciudadanos, es decir el pueblo que es afectado por este tipo de circunstancias, y sin contaminar por encima de los niveles de los países de origen de éstas empresas multinacionales. No pueden venir a contaminar a la Argentina más de lo que tienen permitido en Suiza, esto es muy claro en la encíclica del Papa y me parece que tenemos que repasarla.
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