¿Quiénes son y cómo opera el lobby abortista financiero y político internacional?

05/04/2018 – Del histórico malthusianismo de la Secretaría de Estado norteamericana, a los créditos del Banco Mundial. Del rol del Fondo de Población de la ONU y de las “católicas por el derecho a decidir”, hasta el multimillonario negocio de la anticoncepción en el que coinciden, sin fisuras, el mercado y el progresismo de izquierda y de derecha.

Por Javier Cámara y Romina Maccarone

¿Cómo se explica que los mismos dirigentes y militantes políticos de partidos de izquierda que en sus discursos parlamentarios y en sus marchas callejeras cuestionan tanto las políticas “de explotación y ajuste dictadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, coincidan -luego- con esos mismos organismos en el reclamo y la promoción del aborto “legal, seguro y gratuito”?

Jorge Scala, abogado, especialista en bioética y autor del libro “IPPF: la multinacional de la muerte”, y Amparo Medina, exfuncionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa-ONU) coinciden en que la extraña coincidencia responde a cuestiones ideológicas, económicas y a un gran negocio.

Ambos fueron entrevistados en el programa Diálogos de Actualidad, de Radio María Argentina, y repasaron el pasado y el presente de una puja que responde a la ideología malthusiana, por Thomas Malthus, el demógrafo inglés quien postuló que, de no intervenir con “obstáculos represivos”, el crecimiento demográfico mantiene a la población en el límite permitido por los medios de subsistencia, en el hambre y en la pobreza”.

En la historia, algo de esto se puede encontrar en el “Informe Kissinger”, que el entonces influyente y poderoso secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger (que en la actualidad tiene 94 años) ordenó hacer en 1974, para conocer si, como él pensaba, el crecimiento poblacional de otros países ponía en riesgo el liderazgo y la dominación que Estados Unidos ejercía en el mercado y en la geopolítica internacional. Y que, finalmente, se elaboró como un documento confidencial para fundamentar el apoyo de Estados Unidos y de los organismos internacionales a las políticas que impulsan la anticoncepción (entre ellas el aborto) en los países pobres y en desarrollo.

El “Informe Kissinger”, que se desclasificó en los años ‘90, proponía que se estudien y mejoren todos los medios “para evitar o dificultar que se engendren nuevas vidas (anticonceptivos, esterilización, imposición cultural de un modelo de familia con dos hijos, adoctrinamiento desde los primeros años de escuela, creación de las condiciones que empujen a la mujer al mundo laboral y a contraer matrimonio más tarde), y también que se acepte la “solución” de eliminar una vida ya engendrada: el aborto. “Ningún país -se lee en el Informe- ha reducido su población sin el recurso al aborto”.

Por esto el Informe Kissinger se considera la piedra fundacional de la política estratégica estadounidense de promocionar el aborto en todo el mundo. Esta política ha permanecido vigente y ha sido adoptada por la ONU y otras organizaciones internacionales y organizaciones relacionadas con la ONU: ACNUR, la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, el Banco Mundial” entre otras.

Como explicó Amparo Medina, hoy todas las agencias especializadas de la ONU tienen entre sus objetivos principales, la difusión e implantación del control de la natalidad en los países en vías de desarrollo.

Para Jorge Scala, “la primera denuncia pública formal que se hizo sobre esta situación fue en la encíclica “Sollicitudo rei socialis” de Juan Pablo II, del año de 1987, donde, expresamente se manifiesta que se condicionan los préstamos (de dinero) para el desarrollo de los países pobres a la implementación de políticas de aborto, control de la natalidad, educación sexual, liberación de anticonceptivos, etcétera, que se formaliza con eufemismos como ‘salud reproductiva’, ‘políticas de género’, etcétera”.
Esa gravísima denuncia pública del Papa “nunca fue desacreditada por los organismos internacionales de crédito, de lo que se concluye que lo que se denunció fue y es verídico”, dijo Scala.

El especialista puso como ejemplo del apoyo económico internacional a la asociación que a nivel internacional se hace llamar “Católicas por el derecho a decidir”, que en Argentina se llaman de otra manera y cuya sede en Córdoba fue, en un momento, distribuidora de recursos para filiales en otros países de la región, pero que luego de un pleito judicial dejó de realizar esa tarea porque auspicia el aborto en un país donde todavía es un delito.

Por su parte, Amparo Medina, relató su experiencia como funcionaria del Fondo de Población de la ONU en Ecuador: “Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que lo que hacíamos era un gran negocio. Las Naciones Unidas es la primera empresa del todo el continente latinoamericano vendedora, distribuidora y promotora de anticonceptivos. Esto lleva a que ganen millones y millones de dólares. Solo en el Ecuador se vende más de un millón y medio de dólares mensuales de anticonceptivos. Estamos frente a una gran empresa, de un negocio en donde se les da libre albedrío para que vendan, promocionen y hagan leyes para poder distribuir sus productos con mayor efectividad y ganancia”.