19/06/2025 – El Gobierno nacional ha oficializado recientes modificaciones en la normativa que rige a la Policía Federal Argentina, lo que ha desatado una ola de controversia. Estas reformas, impulsadas por decreto, generan preocupación entre los constitucionalistas, quienes señalan un posible retroceso en materia de derechos y garantías democráticas bajo el pretexto de fortalecer la seguridad. La administración actual, encabezada por Javier Milei, defiende estas medidas como esenciales para la protección ciudadana, pero el disenso crece en diversos sectores que observan con inquietud el alcance de las nuevas facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad.
Entre las disposiciones más polémicas se encuentra la autorización para que la Policía Federal Argentina detenga y registre a individuos y vehículos por hasta diez horas sin necesidad de una orden judicial. Esta medida reaviva el fantasma de la «detención por averiguación de antecedentes», una práctica que en el pasado fue objeto de duras críticas por sus implicaciones constitucionales. Asimismo, la implementación del ciberpatrullaje preventivo genera inquietud, ya que la normativa no especifica prohibiciones claras que impidan el espionaje a dirigentes políticos, sociales, sindicales o religiosos, un antecedente preocupante que ya se ha registrado en épocas de democracia.
No obstante, algunos aspectos de esta reforma son ponderados positivamente. Por ejemplo, se destaca la modificación de las funciones que antes limitaban el accionar de la Policía Federal al ámbito exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una jurisdicción que ya posee su propia fuerza policial. Además, la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado en el modelo del FBI estadounidense, ha generado opiniones divididas: mientras unos lo consideran un avance necesario para modernizar la capacidad investigativa del Estado, otros expresan reservas sobre su posible impacto y atribuciones.
El propio presidente Milei ha sido el artífice de un intenso debate al presentar estas nuevas directrices. «Nuestro Gobierno lleva adelante las políticas de seguridad siguiendo tres ejes: primero ‘el que las hace las paga’, o sea que la justicia se debe cumplir siempre y en todo lugar; segundo, las reglas se respetan, por eso terminamos con los piquetes; y tercero, ‘los de azul son los buenos'», afirmó el mandatario. Subrayó también la necesidad de «reformar el perfil de los investigadores» y «capacitar en técnicas investigativas», tomando como referencia los modelos de Estados Unidos e Israel. Además, en una acción paralela que también ha suscitado controversia, el Gobierno ha extendido la habilitación para la compra y tenencia de armas semiautomáticas a civiles que acrediten un «uso deportivo», añadiendo un nuevo matiz al panorama de la seguridad pública.
Para ahondar en todos estos puntos, conversaremos con Jorge Jofré, experto en Seguridad Ciudadana y Director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal.
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