30/10/2025 – El proyecto de reforma laboral propuesto se presenta con la justificación de generar empleo, un argumento ya utilizado en julio de 2024 para una reforma anterior que, según el análisis de Santiago Saín, tuvo el efecto contrario. Saín recordó que aquella modificación legislativa provocó el crecimiento del trabajo no registrado y del desempleo, demostrando que «un cambio de legislación no crea empleo».
Estas nuevas modificaciones, argumentó el especialista, están orientadas a la flexibilización y la precarización laboral. En un contexto de crisis de empleo, las propuestas no se centran en cómo generar puestos de trabajo, sino en «cómo le quitamos derecho a los trabajadores«, una situación que se vuelve a plantear a 14 meses de la reforma previa sin que se hayan visto los resultados prometidos.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la propuesta de ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 12 horas diarias, lo que representa un significativo retroceso respecto al límite actual de 8 horas. Frente al argumento de que la ley vigente tiene «100 años» (sancionada en 1929), Saín aclaró que «no porque tenga 100 años la ley sea mala», y que su origen responde a una conquista histórica contra la explotación.
El letrado contextualizó históricamente la legislación de la jornada de 8 horas, recordando que surgió a fines del siglo XIX por la presión de los sindicatos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para combatir jornadas de 10, 12 o hasta 14 horas diarias. «Estamos volviendo nosotros a esa época», advirtió Saín, señalando que la intención de reformar es regresar a un «abuso horario que dominaba el mundo laboral de fines de los siglos XIX».
Una ley que retrotrae derechos, independientemente de cuán moderna se pretenda, «no moderniza el trabajo, todo lo contrario», afirmó Saín. Además, resaltó que la Doctrina Social de la Iglesia enseña que «el trabajo debe estar al servicio de la persona», y una jornada excesiva invierte esa lógica. El país ya ha ratificado el convenio de la OIT sobre la jornada de 8 horas, lo que podría llevar a que una norma de esta naturaleza sea declarada inconstitucional.
Respecto a la generación de empleo, Saín coincidió con la preocupación de los conductores sobre el posible efecto de las 12 horas. Si un trabajador cobra lo mismo por trabajar 12 horas que por 8, se abarata el costo laboral para la empresa, lo que «no va a tener necesidad de contratar nuevos» empleados, contradiciendo el objetivo declarado de crear puestos de trabajo.
La flexibilización se complementa con la introducción de la figura del «banco de horas», un mecanismo que permite al empleador distribuir las horas de trabajo de manera flexible, incluso sin pagar horas extras de inmediato, y que «rompe la previsibilidad que puede tener el trabajador de su descanso». Esto, sumado a la modificación en las vacaciones, busca «vulnerar al trabajador de todas las maneras posibles», incluso avanzando sobre su tiempo de reposo.
El proyecto también modifica el régimen de vacaciones, permitiendo al empleador otorgarlas en cualquier momento del año, eliminando la obligación actual de hacerlo entre el 1° de octubre y el 30 de abril. Esta medida, al igual que las anteriores, es vista como una forma de trasladar el control total del tiempo de descanso al empleador. Saín enfatizó que el resultado de esta reforma es un «trabajo más precario» con «contratos más frágiles, salarios fragmentados, menor cobertura social».
Otro punto crítico es la reaparición del salario en especies, como el ticket canasta, una modalidad eliminada por los grandes perjuicios que causó en el pasado. Saín explicó que si bien el vale forma parte del paquete retributivo, «no integra el salario a los efectos legales», es decir, no genera aportes jubilatorios ni contribuciones. Esto no solo genera un gran negocio para las empresas emisoras, sino que representa una «mayor degradación» al romper «el vínculo entre el trabajo y la dignidad».
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