Treinta años del atentado en Río Tercero: corrupción política y venta ilegal de armas

martes, 4 de noviembre de 2025

04/11/2025 – El 3 de noviembre de 1995, la ciudad de Río Tercero en la provincia de Córdoba fue sacudida por una serie de explosiones en la Fábrica Militar de Munición de Artillería. Lo que inicialmente se presentó como un accidente, pronto reveló ser una maniobra deliberada para encubrir un esquema de corrupción política a escala nacional: la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Las explosiones, que se extendieron durante todo un día, generaron una «(…) más que la sensación, la certeza de una guerra sin aviso», según relata el periodista Fernando Colautti, testigo de los hechos.

El impacto en la comunidad fue inmediato y devastador. Colautti, quien en ese momento era jefe de redacción del semanario local Tribuna de Río Tercero, recuerda que, tras la primera detonación, la gente salía a las calles confundida, sin imaginar la magnitud del desastre. La tercera explosión, ocurrida en los galpones de expedición y suministros cercanos al barrio Las Violetas, dejó imágenes «dantescas» de casas completamente destruidas. Siete personas murieron, más de trescientas resultaron heridas y cientos de familias perdieron su hogar.

La tragedia puso al descubierto la fragilidad y el oscurantismo con que operaba la fábrica militar. Colautti señala que, si bien la población sabía que se producían armas, «lo que no se sabía en la ciudad eran dos cosas relevantes: una que las armas se apilaban no solo en los galpones originales con protección especial, sino que había en simples galpones ferroviarios decenas de miles de proyectiles de guerra listados para otras guerras». La otra, era el conocimiento del «desprolijo y descomunal operativo de ventas ilegales que por esos años (entre el ’91 y el ’95) tenían a la fábrica militar como centro operativo».

El proceso de desmantelamiento industrial y la corrupción política de la década de 1990 confluyeron trágicamente en Río Tercero. El móvil detrás del atentado fue precisamente eliminar las pruebas de las armas faltantes, vendidas de manera ilegal a países con restricciones bélicas. Meses antes de las explosiones, habían surgido en Buenos Aires los primeros datos sobre las ventas de armas, y se había documentado en la Fábrica Militar de Villa María la simulación de incineración de pólvora que, en realidad, había sido exportada.

La hipótesis del atentado intencional, aunque «irracional imaginarlo», comenzó a gestarse desde temprano. Colautti explica que la relación entre la venta de armas y las explosiones no fue «lerdo» en establecerse, pero sí costó «asumir que alguien podría y que el propio estado podía ser el generador de un episodio de semejante calibre». Esta reticencia reflejaba la incredulidad ante un gobierno capaz de atentar contra su propia población para ocultar la corrupción.

El camino judicial para establecer la verdad fue largo y complejo, en un contexto donde el poder político intentaba desvincularse. La causa por la venta ilegal de armas culminó en 2013 con la condena a 12 exfuncionarios del gobierno de Carlos Menem por contrabando agravado. Colautti destaca el rol de personas clave, como Ana Elvagi, viuda de una víctima fatal y única querellante penal, que fue «el motor para que la investigación no terminara como un accidente en la justicia, sino para darlo vuelta hacia un atentado», y Omar Gaviglio, empleado civil de la fábrica, cuyo testimonio abrió la causa de las armas.

La sentencia del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, que condenó a cuatro mandos medios de Fabricaciones Militares, planteó una paradoja. El fallo calificó el hecho como provocado por un «aparato organizado de poder», es decir, el Estado, pero condenó solo a funcionarios de rango menor. El propio fallo admitió que la justicia se hizo «a medias», al no alcanzar a los «verdaderos artífices» de aquel plan.

El expresidente Carlos Menem, investigado por el delito de estrago doloso, fue procesado en 2020 para un juicio complementario, pero falleció diez días antes de su inicio en febrero de 2021. A pesar de que la «sensación colectiva es que la justicia se hizo a medias», la ciudad de Río Tercero, de la cual «el 40% de la gente no había nacido cuando ocurrieron las explosiones», ha logrado superar el trauma. La comunidad mantiene «la convicción de que esto fue un atentado», una explicación que, según Colautti, es «creíble» y que al menos brindó una respuesta sobre lo ocurrido.

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