06/02/2026 – El debate sobre la baja de la edad de punibilidad ha cobrado fuerza en el Congreso, generando un firme rechazo por parte de organizaciones territoriales y referentes en derechos humanos. Desde la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia advierten que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo carece de sustento técnico y jurídico. Según los expertos, centrar la discusión en el endurecimiento de las penas desvía la atención de las causas estructurales que afectan a la juventud en contextos de vulnerabilidad.
María Elena Naddeo, integrante de la Mesa y creadora del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, sostiene que existe una «manipulación mediática» que sobredimensiona la participación juvenil en el delito. «Mirando las estadísticas, comprobamos que la incidencia del delito adolescente es ínfima», afirma Naddeo, destacando que apenas el 0,01% de la población de menores de edad tuvo intervención judicial penal durante 2024. Para la especialista, el foco debería estar en problemáticas más urgentes como el suicidio adolescente, el abuso sexual y el abandono escolar.
La Mesa de Articulación subraya que el sistema penal no es una herramienta eficaz para la reinserción. En un reciente comunicado, señalaron que “ofrecer más cárcel y penas en lugar de educación y promoción de sus derechos no genera ninguna respuesta positiva en la sociedad”. Por el contrario, Naddeo argumenta que el contacto temprano con instituciones de encierro aumenta la reincidencia y vulnera el principio de no regresividad de los derechos humanos, el cual impide recortar garantías ya conquistadas en tratados internacionales.
Un punto crítico del debate es el desmantelamiento de políticas públicas de prevención. Naddeo denuncia que el retiro del Estado nacional de los barrios facilita que los jóvenes sean captados por redes delictivas. “Cuando el estado social y educativo se retira, aparece la solución fácil de la mano dura y la cárcel”, explica. La referente menciona la baja de programas como el «Aunar», que asistía a familias ampliadas en el cuidado de niños sin cuidados parentales, como un ejemplo del debilitamiento de la red de contención social.
Respecto a la atención a las víctimas, la especialista señala que el proyecto actual tampoco ofrece reparaciones reales. Si bien existen dispositivos de acompañamiento, estos se encuentran colapsados por la falta de recursos y presupuesto. Para Naddeo, la verdadera justicia se logra mediante el fortalecimiento de la salud mental y la educación, y no a través de la creación de nuevos juzgados o centros de detención que demandarán fortunas al erario público sin resolver el conflicto de fondo.
Finalmente, las organizaciones entregarán a la Cámara de Diputados un documento respaldado por miles de firmas de profesionales de la salud, el derecho y las ciencias sociales. El objetivo es frenar lo que consideran una decisión política «demagógica» que ignora la evidencia científica. En palabras de Naddeo, es imperativo que el abordaje de los pibes y pibas sea social y pedagógico: “Necesitamos llegar antes y evitar que los chicos delincan, porque cuando eso sucede, se destruye su vida y la de sus familias”.
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