01/04/2026 – La decisión de la Justicia de Estados Unidos de fallar a favor de la Argentina en la causa vinculada a la expropiación de la petrolera en 2012 marca un punto de inflexión en un litigio que se extendió por más de una década.
La Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió revertir la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares. Tras conocerse el fallo, el presidente Javier Milei celebró públicamente el resultado con un mensaje contundente: “Ganamos el juicio”.
El tribunal sostuvo que “las demandas por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación”, y en consecuencia decidió revocar la sentencia previa que había favorecido a los demandantes. Si bien el proceso judicial podría continuar con nuevas instancias o apelaciones, el pronunciamiento representa, en esta etapa, una victoria significativa para el país.
En este contexto, el análisis del abogado y analista internacional, Bruno Tondini aporta claves para comprender el alcance real del fallo y sus implicancias jurídicas: “Estamos ante una decisión muy relevante porque lo que hace la Corte es poner un límite claro a la interpretación que se había hecho en primera instancia. Básicamente, reconoce que no cualquier reclamo puede trasladarse automáticamente al plano internacional sin considerar el derecho interno argentino, especialmente cuando se trata de una expropiación que tiene reglas propias y específicas”.
Desde su mirada, el fallo no solo tiene impacto económico, sino también institucional: “Este tipo de resoluciones refuerza la idea de que los Estados tienen un margen de acción en decisiones soberanas como una expropiación. No significa que no haya responsabilidades, pero sí que deben analizarse bajo el marco jurídico correspondiente. En este caso, la Corte entendió que no correspondía aplicar la lógica de un incumplimiento contractual común”.
Tondini también advierte que, más allá del resultado favorable, el escenario judicial aún no está completamente cerrado: “Es importante ser prudentes. Si bien es un fallo positivo para la Argentina, no necesariamente implica el final del litigio. Pueden existir nuevas apelaciones o estrategias legales por parte de los demandantes. Sin embargo, el cambio de criterio es significativo y mejora sustancialmente la posición del país en esta causa”.
De esta manera, la resolución de la Corte de Apelaciones no solo alivia, al menos por ahora, el peso de una condena millonaria, sino que también reconfigura el debate sobre los límites entre el derecho internacional, los contratos y las decisiones soberanas de los Estados. Un caso que seguirá siendo observado de cerca, tanto por su impacto económico como por su relevancia jurídica a nivel global.