09/06/2021 – En mayo pasado, mediante un decreto, el Gobierno nacional prorrogó por el plazo de dos meses, hasta el 12 de julio, la vigencia de la ley que rige desde 2006 y establece el régimen de promoción para la producción y uso sostenibles de biocombustibles, conocida como ley de biocombustibles, una normativa que tenía plazos para su caducidad, y que ahora fue prorrogada a la espera de se debate en el Parlamento una nueva norma.
La actual ley incluye un esquema de beneficios fiscales para la producción de biocombustibles elaborados a partir de soja, maíz y caña de azúcar. En octubre pasado, el Senado aprobó una iniciativa para prorrogar la norma hasta finales de 2024 y giró el proyecto para su debate en la Cámara de Diputados, que aún no se pronunció.
Sin embargo, en medio de este proceso parlamentario, el Gobierno de Alberto Fernández ha planteado la necesidad de crear un nuevo régimen para el sector, con varios cambios respecto al esquema vigente, lo que quedó plasmado en un proyecto de ley presentado en abril pasado por diputados oficialistas.
La iniciativa del oficialismo en vez de aumentar el porcentaje mínimo obligatorio de biocarburante que se debe incluir en la elaboración de un combustible (lo que se denomina porcentaje de «corte»), lo reduce. Así, el proyecto establece una reducción de la mezcla de biodiésel (producido en Argentina base a aceite de soja y maíz) en el diésel del actual 10 % al 5%, pudiendo bajar incluso al 3 %.
Además, baja el «corte» del bioetanol (alcohol en base a caña de azúcar o maíz) en la elaboración de naftas del actual 12 % al 9 %, pero con compensaciones mayores para el etanol en base a caña de azúcar, en detrimento del maíz.
El proyecto es rechazado por las cámaras empresariales del sector, por el sector productivo, por la oposición, que argumentan que un cambio de este tipo no solo perjudicará sus inversiones sino que también va a contramano con las tendencias ambientales mundiales que incentivan un mayor uso de biocombustibles en detrimento de los combustibles fósiles.
En este marco, la semana pasada, La Comisión Nacional de Justicia y Paz marcó “aspectos negativos” de la iniciativa por debatir y consideró que la transformación de la matriz energética argentina demanda “acciones mancomunadas”. El organismo de la Conferencia Episcopal Argentina, conformado mayoritariamente por laicos, sostuvo que la iniciativa en estudio “implica un franco retroceso en la política ambiental argentina”.
Al respecto dialogamos con Federico Kopta, biólogo, conocedor de estos temas, que tiene, además su propia mirada para el debate.
Además estuvimos en contacto con Raúl Olocco, exsecretario de energía de la Noción.
Podés escuchar las notas completas en la barra de audio ubicada bajo el título
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