31/08/2018 – Hace casi 200 años atrás, Bernardino Rivadavia, siendo ministro de Gobierno, llevó adelante una reforma eclesiástica en nuestro naciente país. El docente universitario y coordinador de la pastoral de comunicadores de Mendoza, Edgardo Fretes, explicó de qué se trató esta reforma por la cual la Iglesia argentina perdió la mayoría de sus bienes. Y su explicación viene muy bien en medio del debate que se da en Argentina pidiendo que la Iglesia católica se separe completamente del Estado, algo que está reconocido en el artículo 2 de la Constitución Nacional.
Fretes destacó que “Héctor Ruiz Núñez, en su libro ´La Cara Oculta de la Iglesia` dice que la mayor parte de los bienes de la Iglesia argentina tienen su génesis en la época colonial. En los siglos XVI y XVII la corona española cedió cientos de miles de hectáreas a los obispados y a los conventos que se establecieron en el nuevo mundo. En el siglo XVIII, en cambio, el crecimiento de las propiedades eclesiásticas derivó de donaciones y herencias”.
Fretes también se refirió a la reforma que llevó a cabo Rivadavia en 1822: “Esta reforma, que intentaba ser laica, lo que hizo fue expropiarle a la Iglesia todos los bienes que no se utilizaban estrictamente para el culto religioso”. Asimismo, el docente y comunicador social agregó que “el estado alegó en ese momento que le quitaba esos bienes para usufructuar las rentas de los mismos, y a cambio se hacía cargo del sostenimiento de la Iglesia católica. En este hecho histórico nace el espíritu del artículo 2 de la Constitución Nacional, que afirmá que ´el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano` en Argentina”. Fretes añadió que en ese momento y con la reforma de Rivadavia, el estado también obligó a la Iglesia a entregarle las donaciones que recibía: “Eso pasó en 1822 y sigue pasando en la actualidad. Tenemos un estado que necesita hacer caja”.
Fretes sostuvo finalmente que las sucesivas Constituciones, de 1853 y 1994, consagraron en su Artículo 2, el sostenimiento del culto católico y fue el gobierno militar de la última dictadura el que promulgó una ley dando respuesta definitiva al reclamo de la Iglesia, por aquella renta que había dejado de recibir por los bienes expropiados. Asimismo, indicó que “la Iglesia en Argentina era una organización autofinanciada e independiente del Estado. Fue el Estado el que la quiso hacer dependiente para disciplinarla e intentar manejarla en su acción y discurso”.
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