Foto: Multitudinaria marcha en Mendoza en contra de la modificación de la ley 7722
24/12/2019 – El viernes pasado se aprobó en la legislatura de Mendoza, la modificación de la ley 7722 originalmente concebida como ley de protección del agua y para favorecer una minería sustentable. Pero la semana pasada, el gobernador Rodolfo Suárez, del radicalismo, envió una ley para que se modifique esa legislación y se habilite ampliamente la actividad minera con el uso de sustancias químicas como el ácido sulfúrico y el cianuro, además del uso del agua que precisamente en estos meses escasea en esa provincia.
La modificación de la ley fue aprobada por una amplia mayoría de diputados y senadores provinciales, por el acuerdo del radicalismo y el peronismo.
La modificación se aprobó, pero muchísima gente salió a la calle en Mendoza, con una marcha que recorrió varios kilómetros de caminos y rutas hasta llegar ayer a la Casa de Gobierno para reclamarle al gobernador Suárez que vete la norma aprobada. Pero el gobernador mandó a decir que no la iba a vetar, y, efectivamente, acaba de promulgarla.
La marcha de ayer, en general amplia y pacífica, terminó con algunos actos de violencia por parte de un grupo, y la represión de la policía que fue denunciada por varias personas, incluso por la Pastoral Social de Mendoza.
Antes de la aprobación de la ley, el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, le había pedido a la dirigencia política que cuide la Casa Común, que cuiden el agua y a las personas.
Ayer, el presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado argentino, Monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora, difundió un comunicado en el que adhirió a los reclamos formulados por el arzobispo de Mendoza por la modificación de la norma provincial que regula el uso del agua.
En diálogo con Radio María Argentina, Monseñor Lugones sostuvo: “Nosotros adherimos a la carta que, Monseñor Colombo dirige al Gobernador argumentando que, la modificación a la ley provincial realmente debe darse en consenso y tiempos también con un acuerdo y consulta a los ciudadanos (…) Creo que, ante las modificaciones de estas leyes que pueden deteriorar o dejar un pasivo ambiental cerio en la zona minera es cuestión que también las poblaciones cercanas en donde se va a ubicar la mina den su veredicto antes, su aprobación”.
El Prelado también subrayó que, “sabemos que Mendoza es una zona semiárida, no tiene agua, tiene grandes problemas con La Pampa por del río, entonces no tiene agua Mendoza y, si encima van a gastar millones de litros de agua, como sabemos que realizan las mineras que realizan esta explotación a cielo abierto, además de los contaminantes que usa nos parece un despropósito no poder hablarlo”.
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