15/03/2018- El pasado lunes se conoció el envío de una carta abierta por parte de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, dirigida al ingeniero Juan José Aranguren, actual ministro de Minería y Energía de la Nación, en el marco de la probable reforma de la Ley de Glaciares. En comunicación con Radio María, el presidente de esta Comisión, monseñor Jorge Lugones, habló sobre los principales puntos de importancia que llevaron a esta comunicación con el ministro.
La presente Ley de Glaciares establece los presupuestos mínimos para su protección y la del ambiente periglaciar, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos. A su vez, dentro de las reglamentaciones de esta ley, se especifica la necesidad de la realización de un inventario de los glaciares existentes. La discusión actual surge por la inexistencia de una definición de glaciar que indique desde qué tamaño una masa de agua constituye uno. “Con posturas que afirman que, si tiene menos de una hectárea de tamaño, no es un glaciar, existen empresas como Barrick Gold que ya están invadiendo el perímetro periglaciar, sin tener en cuenta que glaciares de menos de una hectárea alimentan ríos muy importantes para el consumo y la producción de grandes poblaciones”, dijo el sacerdote.
Monseñor Lugones hizo énfasis en lo preocupante de la explotación minera, que deja como saldo, citando a la encíclica Laudato Si’, un pasivo ambienta y social, afectando el desarrollo de los ecosistemas de la zona afectada, y terminando con la supervivencia económica de la población. “Las mineras trabajan sobre glaciares de menor tamaño y arruinan con residuos tóxicos el agua potable que alimenta ríos, por lo cual la economía de lo sectores se ve afectada. También, cuando termina con la extracción, terminan con muchos puestos de trabajos que ocupaba la gente de la zona”, indicó el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Finalmente, aclaró que el pedido concreto realizado en la carta abierta al ministro Aranguren es que se abra la puerta al diálogo para poder debatir la reforma de la ley, incluyendo a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos pertenecientes a as zonas más afectadas como o son los habitantes de los pueblos de precordillera.
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