21/05/2026 – El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, dictó recientemente una medida cautelar de gran impacto social contra el programa Incluir Salud —dependiente del Ministerio de Salud de la Nación— y contra el PAMI.
La resolución judicial ordena de forma perentoria regularizar, en un plazo de 72 horas hábiles, la cadena de pagos destinada a los prestadores que brindan atención a personas con discapacidad que son titulares de pensiones no contributivas. Este fallo responde a un amparo colectivo presentado inicialmente en favor de un usuario particular llamado Martín , pero cuya escala fue extendida por la vía judicial para proteger a todo el universo de beneficiarios en idéntica condición de vulnerabilidad. Para la construcción de esta estrategia legal, el tribunal tomó como un antecedente directo una sentencia emitida en diciembre por el Juzgado Federal de Campana, la cual había ordenado la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El amparo cuenta con el respaldo activo del colectivo Defendamos Córdoba, en alianza con reconocidas instituciones locales de bien público como APADIM, el Pequeño Cottolengo Don Orione y diversos centros terapéuticos locales. Dichas entidades atraviesan una situación asfixiante debido a los retrasos y recortes presupuestarios del gobierno nacional, lo que ha puesto a muchas de ellas al borde del cese definitivo de sus actividades comunitarias.
La doctora Marta Lastra, abogada patrocinante en esta causa junto a los doctores José Roque y Diego Bustos, detalló la gravedad de la interrupción de los fondos estatales y el impacto inmediato que esto genera en las instituciones de salud y cuidado: «Te comento, ahí te comento porque ahí hay algunas cositas que están un poco mezcladas. Bien, yo soy la abogada, la patatrocinante en conjunto en una alianza estratégica de mi estudio con el estudio de los doctores José Roque y Diego Bustos. Presentamos una acción de amparo porque nuestro cliente Martín, vamos a darle el nombre de pila no más, este es un titular de pensión no contributiva, ¿sí? un usuario de uno de los de un centro de la de la provincia de Córdoba vive en un hogar hace unos hace algunos años y hoy por hoy por esta demora, por esta sensación, este corte en la cadena de pagos, o sea, incluir salud no está pagando desde el mes de noviembre del año pasado, este, ven en peligro la continuidad en este espacio en donde no solamente se le permite a él el pleno de desarrollo o el acceso a la máxima calidad de salud posible, sino le da un ámbito de socialización, familiarización su segunda familia».
La presentación judicial cobró un carácter de incidencia colectiva ante la evidencia de que la suspensión de pagos afecta de manera generalizada a todo el sector de las pensiones no contributivas. Según explica la letrada, el juez requirió informes urgentes a entidades emblemáticas de Córdoba —como APADIM, el Cotolengo Don Orione y la Fundación Alegría— para constatar la veracidad de la denuncia. Estas instituciones ratificaron la insolvencia financiera a la que se ven expuestas para cubrir prestaciones básicas que van desde hogares y centros educativos terapéuticos hasta insumos esenciales como medicamentos y pañales. La doctora Lastra profundiza en las dificultades de gestión que atraviesan los espacios de atención y cuestiona duramente las justificaciones burocráticas esgrimidas desde la administración central: «Llega un punto que no se puede sostener. ¿Qué espalda sostiene una deuda de 7 meses sosteniendo a otras personas más? sueldos, impuestos, alquileres, pago de la luz, del gas, todo eso se tiene que que sostener, que se tiene que pagar para brindar un servicio y ellos no lo están haciendo. Ya venían con un desfase de pago de 90 días más o menos para encima de tener aranceles totalmente magros, magros, porque lo el arancel del nomenclador no se mantuvo o no se actualizó según lo establecido por la ley de emergencia. encima de todo eso, tener una demora que con los justificativos ya burlescos que estamos recibiendo, porque dicen que como cerró Andis y están estructurando la Secretaría Nacional de Discapacidad, se han demorado los pagos. ¿Cómo hacemos? si se han demorado los pagos y una persona necesita el anticonvulsivante para poder para poder vivir».
Más allá del ejercicio técnico de la abogacía, la doctora Lastra aborda el conflicto desde su propia experiencia de vida como madre de un niño con discapacidad, lo que le permite empatizar con las miles de familias que se encuentran desamparadas ante el aumento de los costos de la medicina privada y de las prestaciones ambulatorias. En este sentido, frente al desaliento reinante en el sector, la profesional concluye con un mensaje de resiliencia colectiva y de resistencia activa a través del derecho: «Nuestra madre, nuestra madre María siempre nos habló de la esperanza, ¿no? la calidez de su mirada siempre nos ha dado esperanza a nosotros y su mensaje es de amor. Sí, es de entrega y de amor. Bueno, en este de este lado la familia, nosotros, la familia de la discapacidad sabe sostener ese mensaje y y no estamos solos. Eso les quiero transmitir, nosotros no estamos solos. Somos muchos los que estamos peleando cada uno desde su lugar. para tratar de traer un manto de tranquilidad y un poco de justicia, ¿sí?, a esta a este escenario tan nefasto que nos está que nos está poniendo, ¿no?, esta gestión nacional. Eh, pero bueno, esto va a pasar en algún momento y nosotros vamos a poder tener la tranquilidad, la mansedumbre que necesitamos para vivir nuestra vida como nos toca vivir, pero seguir haciéndolo con mucho amor, con tranquilidad. Yo creo que este momento va a llegar en algún tiene que llegar en algún momento. Tengo esa esperanza. Ahora lo que sí sé es que hay que seguir sosteniendo el día a día. Bueno, no estamos solos, busquemos ayuda, busquemos un abrazo, busquemos alguna palabra de aliento y si no busquemos la herramienta jurídica, la herramienta judicial para reclamar lo que por derecho corresponde».
Respecto a los plazos procesales, aunque inicialmente se estimaba que las 72 horas ordenadas por el magistrado vencían de inmediato, la abogada aclaró una precisión técnica fundamental: debido a que la notificación oficial al Poder Ejecutivo se concretó el día martes, el término legal para que el Gobierno nacional normalice y asegure la periodicidad de los pagos se cumplirá efectivamente al día siguiente de la entrevista.