30/03/2026 – En medio del debate por la modificación de la Ley de Glaciares, la semana pasada se llevaron adelante las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados, en un contexto de fuerte controversia.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional, con el acompañamiento de algunos gobernadores, propone reducir las áreas periglaciales actualmente protegidas, lo que ha generado preocupación en distintos sectores sociales, ambientales y eclesiales por el posible impacto sobre reservas estratégicas de agua.
A raíz de lo ocurrido durante estas audiencias, los obispos de la Patagonia difundieron un duro comunicado en el que cuestionan tanto el contenido del proyecto como las formas en que se desarrolló el proceso participativo. En ese marco, Monseñor Roberto Álvarez puso el foco en lo que consideran una vulneración de la calidad democrática: “Con muchísima pena hemos visto el modo de resolver lo que debería ser la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares (…) No nos es ajeno el modo de resolver que han tenido quienes debieran hacer oír la voz del pueblo para así después poder ‘deliberar y gobernar’ de modo legítimo; ya hemos visto la misma metodología cuando se trata algún tema ambiental que toca intereses de proyectos mineros: cercenar y anular intervenciones, impedir ingresar al recinto donde se desarrolla el debate, desestabilizar oradores e incluso incorporar a algunos que no estaban en la lista”.
El documento advierte que estas prácticas no son nuevas, sino que forman parte de una lógica que, según denuncian, se repite desde hace años en distintas localidades de la región: “Esas estrategias de manual son llevadas a cabo, de modo sistemático desde hace décadas (…) también despliegan presiones económicas, laborales e incluso afectivas; recurren a promesas y dádivas (…) amedrentan llenando los lugares de las asambleas con personas movilizadas, expertas en generar ruido y miedo”.
En ese sentido, la preocupación no solo apunta al procedimiento legislativo, sino también a los intereses en juego detrás de la iniciativa. Monseñor Álvarez remarca que el debate de fondo gira en torno a bienes esenciales como el agua y el aire: “Porque de eso se trata: del aire y del agua. Ambas valen más que el oro, la plata, el dinero o un pseudo progreso que no respeta los estándares que en sus mismos países de origen les exigen”.
Finalmente, el mensaje plantea un llamado a resguardar los recursos naturales y a garantizar procesos democráticos genuinos, en un contexto donde —según sostienen— la voz de la ciudadanía ha sido debilitada: “Queremos un futuro mejor para todos (…) no quieran sacarnos del lugar donde han dejado a la Argentina pidiéndonos que entreguemos lo poco que nos queda y distingue a la Patagonia: sus ríos y lagos. Su agua. Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados, la voz de un pueblo. Ya enrarecieron el debate; no nos intoxiquen también el aire”.
Así, el posicionamiento de los obispos patagónicos —expresado a través de la voz de Monseñor Roberto Álvarez— vuelve a poner en el centro de la escena no solo la discusión ambiental, sino también la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en decisiones que impactan directamente en el presente y el futuro del país.