28/01/2026 – El Gobierno nacional incluyó en la agenda legislativa el proyecto de ley para reformar el régimen penal juvenil, con el objetivo de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años. Ante esta iniciativa, la Iglesia expresó su preocupación y subrayó que la problemática de la delincuencia juvenil no se agota con medidas de carácter punitivo. Desde la Pastoral Social, advierten que una solución de fondo requiere un abordaje integral y políticas públicas que trasciendan los periodos electorales.
Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Pastoral Social del Episcopado, se refirió a la sensibilidad que rodea estos casos, especialmente cuando hay víctimas de delitos graves. Al respecto, señaló la importancia de solidarizarse con los afectados, pero instó a una reflexión que asuma las responsabilidades colectivas. Según el obispo, existen experiencias positivas donde la intervención previa del Estado y la comunidad evitó que jóvenes en vulnerabilidad cayeran en el delito: «Hay chicos que no lo hacen porque se ha llegado antes y se los ha podido integrar», afirmó.
Para la mirada eclesial, el camino no debe reducirse exclusivamente a la aplicación de una pena. Braida propone que, en lugar de un juzgado penal, intervengan juzgados de familia que analicen cada situación de modo multidisciplinario. En sus palabras, el enfoque debe estar en la prevención: «No nos parece que solamente un juicio para colocar una pena sea el camino correcto», sostuvo, destacando que el sistema actual necesita una reforma que garantice una asistencia efectiva y el acompañamiento de organizaciones comunitarias.
Un punto crítico señalado por el obispo es la falta de recursos para la asistencia social en contextos de carencia. Braida advirtió que es difícil esperar resultados superadores si se recortan fondos destinados a los sectores más frágiles. Asimismo, cuestionó la eficacia de bajar la edad de imputabilidad basándose en experiencias internacionales, donde el ingreso temprano al sistema penal no garantiza la reinserción y, en ocasiones, agrava las conductas violentas de los menores.
En relación con el rol de la sociedad civil, la Iglesia hace un llamado a la participación activa para ofrecer a los adolescentes un proyecto de vida sólido. Monseñor Braida enfatizó que la responsabilidad es compartida entre el Estado, las familias y las instituciones intermedias: «Todos tenemos un lugar y algo que aportar para el bien de los demás», señaló. Para el prelado, la clave reside en fortalecer la presencia «cuerpo a cuerpo» en los barrios, brindando afecto y contención antes de que los focos de vulnerabilidad se conviertan en hechos delictivos.
Finalmente, desde la Pastoral Social confirmaron que están analizando los detalles del proyecto oficial para realizar sus aportes en el Congreso. Braida reiteró la disposición de la Iglesia para dialogar con los legisladores y llevar propuestas basadas en la experiencia territorial. Su postura busca que cualquier reforma legal contemple la justicia restaurativa y la promoción humana, evitando soluciones simplistas: «La respuesta tiene que ser amplia porque si hacemos algo ahora podemos anticiparnos a la realidad», concluyó.
Para leer el comunicado oficial de la Pastoral Social de la Iglesia respecto a la baja en la edad de imputabilidad, accedé al siguiente link:
Declaración sobre la baja de imputabilidad – Más Oportunidades que Penas
¡Dale click al video para escuchar la entrevista!