12/05/2026 – Desde 2022, y luego de un extenso debate público atravesado por fuertes presiones de la industria alimentaria, rige en Argentina la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal.
La normativa establece que los alimentos envasados y las bebidas sin alcohol deben incluir octógonos negros en sus envases para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, además de leyendas específicas sobre cafeína y edulcorantes. El objetivo es claro: brindar información transparente a los consumidores y prevenir enfermedades vinculadas a la mala alimentación. Sin embargo, ahora vuelve a abrirse el debate a partir de la intención de armonizar las normas dentro del Mercosur, algo que distintos sectores advierten podría significar un retroceso en materia de salud pública.
En diálogo con nuestro medio, la licenciada Ana Cáceres, coordinadora del grupo de trabajo etiquetado y ex presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, remarcó que la ley argentina “surgió de un debate muy plural y democrático, con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, tomando experiencias de otros países como Chile y basándose en evidencia científica libre de conflictos de interés”. En ese sentido, sostuvo que “Argentina logró una ley modelo en la región, alineada con los mejores estándares internacionales para enfrentar esta epidemia de malnutrición y enfermedades no transmisibles vinculadas al consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas”.
La especialista explicó que la intención de unificar criterios en el Mercosur genera preocupación porque otros países poseen sistemas menos exigentes que el argentino. “Si vamos a armonizar, armonicemos con los mejores estándares posibles y no hacia abajo”, afirmó. Y agregó: “Retroceder sería debilitar una política pública que tiene impacto especialmente en niños, niñas y adolescentes”. Para Cáceres, el riesgo es que prevalezcan los intereses comerciales sobre las políticas sanitarias: “La armonización regional puede ser positiva, pero no puede hacerse en contra de la salud. No debería ser comercio o salud; deberían poder convivir ambas cosas”.
La nutricionista también advirtió que ya existen señales de debilitamiento de la ley a partir de nuevas interpretaciones regulatorias. “Muchos productos que antes tenían tres o cuatro sellos hoy aparecen con uno solo, y no porque hayan reformulado su composición, sino porque hubo una reinterpretación más flexible del perfil de nutrientes”, señaló. Según explicó, esto reduce el alcance real de la información que reciben los consumidores y limita el impacto sanitario que se buscaba alcanzar.
Aun así, destacó que distintos estudios realizados por organizaciones civiles muestran resultados alentadores respecto de la recepción social de la ley. “La gente no solo acepta la ley, sino que la utiliza para tomar decisiones más conscientes”, sostuvo. Y añadió que uno de los sectores donde más impacto tuvo fue entre los adultos mayores: “Muchas personas con diabetes, hipertensión o colesterol alto pudieron identificar por primera vez que estaban consumiendo productos con exceso de azúcar, sodio o grasas gracias a un etiquetado visible y claro”.
Cáceres también rechazó el argumento de que las familias de menores recursos no prestan atención al etiquetado porque priorizan el precio. “Siempre se dijo que era una ley para la clase media, pero eso no es así”, indicó. Y explicó que la normativa no se limita únicamente a los octógonos, sino que también regula los entornos escolares: “Hay niños y niñas que dependen de la alimentación escolar para acceder a una comida diaria, y la ley restringe el ingreso de ultraprocesados en esos espacios”. Desde esa mirada, insistió en que el etiquetado frontal forma parte de una estrategia integral de salud pública que apunta especialmente a proteger a los sectores más vulnerables.
En este contexto, el debate sobre la posible flexibilización de las normas dentro del Mercosur vuelve a poner en discusión qué modelo alimentario se busca construir y hasta qué punto las políticas sanitarias pueden sostenerse frente a las presiones económicas y comerciales.