Un proyecto de ley propone utilizar con fines sociales los bienes decomisados a las mafias

12/11/2022 – Caritas Argentina apoya el proyecto de ley que busca utilizar con fines sociales los bienes decomisados al crimen organizado. El juez federal Sebastián Casanello, en nombre de la Asociación de Jueces Federales y junto a diversas organizaciones sociales, religiosas (entre ellas Caritas), sindicales y miembros del Poder Judicial, impulsa un proyecto llamado “Bien Restituido” destinado a darle un uso social a los bienes recuperados a las mafias. La propuesta busca crear una agencia estatal que administre sobre todo las unidades productivas con un cuerpo profesional que logre el uso transparente y eficaz de los bienes en favor de las víctimas directas del delito con impacto a toda la sociedad. Para hablar de este tema dialogamos con Lucas Manjón, representante en Argentina de la organización italiana Libera. “Se trata de una organización que surge en el año 1995, poquito tiempo después de los asesinatos de Falcone y de Borsellino. Libera lo que promovió en su momento fue la reutilización social de los bienes que digamos la Justicia le sacaba la mafia italiana. Libera hoy ya lo integran unas 1800 asociaciones en Italia. Siguió pasando el tiempo y Libera logró conformar distintas redes. Tiene una red europea, donde están más o menos están unos 10 países; una red africana que se lanzó este año y tiene una red latinoamericana que se lanzó en el año 2015 y que en todos esos casos busca promover políticas de lucha contra el crimen organizado”, sostuvo Lucas.

“En el año 2020, la Unión Europea hizo una convocatoria para financiar y promover proyectos de empoderamiento de la sociedad civil. Libera junto a tres organizaciones más de de Argentina que son la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, la Fundación Multipolar y el Circolo Giuridico di Argentina se presentan y ganan en una convocatoria de más o menos unas 300 organizaciones. El título que le dimos al proyecto es “Bien Restituido”. Promovemos generar nuevas políticas de lucha contra la criminalidad organizada en la Argentina donde el elemento central es la reutilización social de los bienes en base a la distinta información que estas cuatro organizaciones teníamos. También ya teníamos vínculos con la Asociación de Jueces Federales, la Asociación de Mujeres Juezas, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público y en marzo del 2021 el proyecto comenzó”, agregó Manjón.

“Comenzó con distintas etapas. En la primera etapa lo que hicimos fue un curso que brindaron jueces y fiscales anti mafias italianos -en medio la pandemia- por zoom a operadores judiciales, fundamentalmente a jueces y fiscales federales. Tuvo una participación muy alta, fueron más o menos unos 150 jueces y fiscales. Después de eso también empezamos a dar a una serie de charlas tratando de replicar o de contar la experiencia de lo que es el modelo italiano y algunas experiencias europeas y también empezando un proceso de análisis sobre la situación actual de Argentina. En abril de este año vino una delegación de jueces y fiscales anti mafia y el presidente de Libera y se hizo un evento muy muy grande en la Facultad de Derecho”, sostuvo. “Esos bienes siempre serían administrados por el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en esos casos serían depositarios judiciales. Nosotros establecemos un orden de cómo se deben reutilizar esos bienes que, obviamente, en primer lugar es en beneficio de las víctimas porque en muchos casos de delitos de criminalidad organizada vos tenés a las víctimas identificadas; en segundo lugar el Estado, como ocurre en muchos países, generalmente los vehículos se entregan a las fuerzas de seguridad. Lo mismo ocurre con las viviendas para que sean utilizadas como destacamentos o como oficinas. En Francia hay algunos ejemplos recientes donde los departamentos se transforman en refugios para víctimas de violencia de género, entonces el Estado reutiliza todos esos bienes en políticas propias del Estado o en políticas que hace junto con la sociedad civil para que ésta participe de todo lo que es el proceso de reutilización”, detalló el joven.

El juez federal Sebastián Casanello, en su calidad de asesor técnico-legal, explicó que “este proyecto de administración de bienes, nacido de la sociedad civil, está pensando en la gente. Es una manera de hacer participar a la sociedad civil de la solución del conflicto penal. Es una manera de empoderar a la ciudadanía”. Y agregó “En cada caso, habrá un fiscal que investigue, un juez que dicte sentencia, pero con este proyecto se busca también que haya una reparación, pensando en que los bienes recuperados deben volver a la ciudadanía”. Casanello, juez de primera instancia en el fuero federal porteño, se reunió con organizaciones sociales y sindicales, en la sede de Cáritas Argentina, para explicar el proyecto.

El proyecto de ley fue revisado por muchos operadores judiciales. También viene circulando entre los bloques partidarios del oficialismo y la oposición en el Congreso Nacional, y ninguno ha negado su apoyo. Algunos argumentaron no querer generar nuevos estamentos en el Estado a lo que fue rebatido con dos argumentos, por un lado la experiencia de las Agencia europeas que con un número reducido de personas son las más eficiente por las evaluaciones de los organismos internacionales, y por otro lado, el volumen de 50 billones de pesos disuade a cualquiera porque la autofinanciación es superada con estos niveles de decomiso judicial. “Hoy el poder judicial invierte millones de pesos en el alquiler de inmuebles, en la custodia policial, si tenemos la ley esto bajaría los actuales costos”, resaltó Manjon, coordinador del proyecto, sentado junto a Casanello, el asesor legal de la iniciativa parlamentaria.