10/03/2026 – La crisis habitacional en la Argentina continúa mostrando rasgos estructurales que profundizan la vulnerabilidad social. De acuerdo con distintos relevamientos recientes, más de 5 millones de personas viven en barrios populares, alrededor de 6 millones carecen de acceso a un baño en sus hogares y más de 1 millón habita en condiciones de hacinamiento crítico.
Estos datos coinciden con las estimaciones del Centro Mariano de Investigación Social, cuyo Informe 10 señalaba que entre 6 y 8 millones de personas residen en viviendas no habitables en el país, lo que confirma la persistencia de una problemática que atraviesa décadas y que requiere políticas públicas sostenidas y de gran escala.
El director del CEMAIS, Edgardo Dainotto, explicó que la situación no solo se vincula con la falta de viviendas, sino también con la precariedad de muchas de las existentes. “Hay muchos factores que convergen en esto y que separándolos y analizándolos por separado nos permiten conocer en profundidad dónde estamos parados como país. Si uno mira los datos, no solamente aparece la falta de vivienda, que ya es grave, sino que muchas de las que existen en un porcentaje muy alarmante carecen de baño, no tienen cloacas o están ubicadas en sectores con calles de tierra y sin infraestructura básica”, señaló.
En este contexto, el déficit habitacional en el país supera los 3,2 millones de viviendas y presenta un fuerte componente cualitativo, relacionado con las malas condiciones de habitabilidad. Este escenario se agrava además por la expansión desordenada de las grandes ciudades, que en la última década crecieron territorialmente 1,5 veces más que el aumento real de la población. Para Dainotto, esta situación refleja también problemas de planificación urbana. “Hay veces que se hacen muchas cosas, pero no se hacen pensando, por ejemplo, en el cambio del régimen de lluvias, en la cantidad de agua que cae en determinadas épocas del año o en cómo evacuarla. Eso muestra que también hay que sentarse a diseñar hacia dónde van a crecer las ciudades y de qué manera”, advirtió.
Otro de los indicadores que refleja la magnitud del problema es el crecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a la vivienda propia, especialmente entre los sectores de menores ingresos. “A través del estudio de quienes alquilan vemos que el número del déficit es alarmante. Cuando uno cruza estos datos con la evolución del salario, se observa que a medida que empeoran las condiciones salariales también empeoran las condiciones de vivienda”, explicó el especialista.
A esto se suma la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, energía segura o infraestructura urbana adecuada, factores que impactan directamente en las posibilidades de desarrollo social y laboral. En ese sentido, Dainotto subrayó que las condiciones del entorno influyen incluso en la capacidad de generar ingresos: “La infraestructura también define las posibilidades de que los sectores de salarios más bajos puedan mejorar su situación. No es lo mismo tener un emprendimiento en un lugar con gas accesible, electricidad y buen transporte que hacerlo en un barrio sin calles asfaltadas ni servicios básicos”.
Frente a este panorama, el director del CEMAIS consideró que la salida requiere soluciones masivas y articuladas entre el sector público y el privado. “La concertación público-privada es la que puede motorizar parte de la solución, porque el problema es muy grande y tiene que ser abordado de manera masiva”, afirmó. En ese marco, planteó que la industrialización de la construcción puede ser una herramienta clave para acelerar la generación de viviendas dignas. “Aplicar tecnología industrializada a la construcción permite reducir tiempos y costos. Se puede pasar de un año promedio de obra a tres meses y disponer más rápidamente de viviendas adecuadas para los sectores más vulnerables”, explicó.
Finalmente, Dainotto señaló que, con políticas sostenidas y una planificación adecuada, el país podría comenzar a revertir la crisis en el mediano plazo. “Para los sectores más vulnerables la solución tiene que incluir vivienda industrializada, algún nivel de subsidio estatal y cuotas que no superen lo que hoy sería un alquiler. Si eso se implementa de forma masiva, podríamos empezar a salir de la crisis en un plazo de siete u ocho años”, concluyó