Una “deuda ecológica” y judicial que aún sigue demorada

11/10/2022 – Dice el Papa Francisco en Laudato Si: «Constatamos que con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales, que hacen aquí lo que no se les permite en países desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener». Esto que dice el Papa en su encíclica se ha hecho patente en uno de los emprendimientos mineros (de minería a cielo abierto) más importantes que se instalaron en nuestro país, en Catamarca, concretamente, que recibió decenas de denuncias por contaminación, denuncias que se transformaron en causas judiciales que, más de 20 años después, siguen demoradas.

En una de estas causas se menciona a Raúl Pedro Mentz, gerente de Desarrollo Sostenible, y Julián Patricio Rooney, Gerente Comercial de Minera Alumbrera Limited, quienes fueron procesados en 2016 y 2019 respectivamente por incumplir la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. La denuncia fue radicada en 1999 y a 23 años de realizada, aún sigue sin elevarse a juicio.

Mentz y Rooney fueron imputados por el Juzgado Federal de Tucumán por el delito previsto en los artículos 55 /57 de la mencionada ley que establece penas de 3 a 10 años a quien “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

Si bien asociaciones proteccionistas señalaron que la causa tras 23 años de espera había sido finalmente elevada a juicio, desde Tucumán confirmaron al diario Página/12 que aún “está en la etapa sumarial con traslados a la defensa por los pedidos de elevación a juicio”.

Por eso hablamos de este y de otros temas que han derivado de las causas contra la Minera La Alumbrera, con el fiscal federal General de Tucumán, el doctor Gustavo Gómez, uno de los funcionarios judiciales que más ha estudiado e investigado delitos contra el ambiente.

Entre algunas de sus expresiones al respecto del caso de La Alumbrera decía: “es doloroso ver como el sistema de administración de justicia fue trabando el caso, a pesar de tener querellantes, que impulsaban la acción penal. Tenemos la esperanza de que este año vaya al juicio oral y público.”

El fiscal nos precisó también que “la cámara federal acaba de decir que también de que cualquier legislador puede ser querellante en una causa por contaminación ambiental.” Ante esto nos explicó qué es ser querellante diciendo que “es impulsar la acción” y que así de esta manera él siempre invita a “nuestros amigos los políticos” (sic) a ser querellantes.

Algo también que sostuvo con firmeza fue que: “es muy difícil encontrar un sistema de administración de justicia que enfrente a dos poderes tan fabulosos como el poder político como el poder económico.”