El conflicto con los bagayeros en la frontera norte del país

05/04/2019 – La intención del Gobierno nacional de blanquear la actividad de las miles de personas que se dedican al ingreso, egreso, compra y venta de artículos, provocó la protesta, los reclamos y hasta algunas manifestaciones de rechazo y de violencia por parte de los denominados “bagayeros”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey fueron blanco de esas protestas hace algunos días, luego de presentar este nuevo marco regulatorio para esta actividad.

Ante las protestas, el Gobierno nacional sostiene que el cambio de régimen para quienes cruzan mercadería en la frontera busca formalizar a los bagayeros y que, esta nueva regulación implicará una mejora en su situación porque serán considerados “micro importadores”.

Claro que esa consideración como “microimportadores” tendrá un costo para los que se dedican a esta actividad. Uno de los requisitos que se imponen ahora para poder ingresar mercadería hacia la Argentina será pagar 30.000 pesos como garantía a una aseguradora, residir en Orán y tributar entre un 80 y 104 por ciento, además de otros requisitos.

Estas exigencias, que implica una pérdida económica para los bagayeros, generó el conflicto que no involucra sólo a argentinos, sino también a los bolivianos porque esto paralizó el comercio en toda la frontera con Bolivia.

En las últimas horas, las autoridades judiciales habían logrado un principio de acuerdo, pero, al parecer, la Afip no lo firmaría, de manera que seguiría vigente la nueva normativa y el rechazo de los afectados.

En Diálogo con Radio María Argentina, el periodista salteño de Radio Cadena NOA Samuel Huerga detallo que “los bagayeros son gente que carga grandes bultos de mercadería sin pago de impuestos y pasan por caminos alternativos, controlados por gendarmería, para vender esa mercadería en todo el país»

En este marco, Huerga aseguró: “Acá hay un gran negocio paralelo y es parte del poder político. Los bagayeros le pagan a la mercadería y le pagan al intendente la mercadería. Está metido el Estado organizando este «contrabando legal»”.