26/12/2019 – A pesar de las manifestaciones masivas y de los cuestionamientos que recibió desde distintos sectores, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, publicó, en el Boletín Oficial, los polémicos cambios introducidos a la ley 7.722, que antes era conocida como una ley que protegía el agua y aseguraba una minería sustentable, y que ahora, a partir de los cambios, en sus primeros y principales artículos establece la autorización para la utilización de sustancias químicas peligrosas y contaminantes, como el cianuro y el ácido sulfúrico, en la extracción de minerales.
En este marco, los equipos de Pastoral Social y de Ecología Integral de la arquidiócesis de Mendoza ratificaron su compromiso con el cuidado del agua tras la decisión de las autoridades de modificar la ley 7722 para favorecer la explotación minera, y repudiaron la represión contra muchos de los mendocinos que se movilizaron, porque sueñan con una provincia “limpia para sus hijos”.
Desde distintas instituciones y organizaciones de Iglesia, como lo es Arzobispado de Mendoza, la Pastoral Social de esa arquidiócesis, y la Pastoral Social del Episcopado argentino, han cuestionado fuertemente las modificaciones.
Al respecto, y en diálogo con Radio María Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza sostuvo: “Nosotros volvemos sobre el tema del consenso social y en esto escuchaba a un funcionario de Mendoza decir que la gente no esta informada, la gente confunde, la gente ignora. Entonces, justamente, sobre estos presupuestos es donde más se hace necesario el consenso social. Este no es el consenso político, no es el acuerdo entre los partidos, es algo previo. Es la conciencia de la gente, debidamente informada para dar su parecer”.
Por su parte, Daniel Funes es miembro de la Asamblea Ambiental de San Carlos en Mendoza y, en contacto con nuestra emisora aseguró que, “después que se aprobó la modificación de la ley llegó la angustia y el dolor. Vi gente llorando en la ruta entendiendo que, en una crisis hídrica, en donde tenemos muchos problemas con el agua, habilitar la minería se nos complicaría aun mas la vida. Entonces, la gente, entendiendo eso y viviendo desde el corazón la problemática del agua, de manera espontánea comenzó a organizarse para luchar”.
En este marco, el reclamo popular, principalmente de ambientalistas, productores y defensores del agua, no deja de hacerse sentir en las principales calles de la provincia, y promete potenciarse en los próximos días, poniendo en el centro de la escena la desconfianza hacia los controles ambientales oficiales, por lo que aseguran que de no lograr la marcha atrás del Gobierno, irán a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma.
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