22/05/2026 – En un contexto económico muy complicado para la mayoría de las familias argentinas, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto del oficialismo que recorta el Régimen de Zonas Frías, un esquema de subsidios al gas natural para usuarios de regiones geográficas específicas.
Este sistema, que originalmente beneficiaba a la Patagonia, la Puna y un departamento de Mendoza , había sido ampliado por el Congreso en el año 2021 para incorporar a provincias como Córdoba, San Luis y parte de Santa Fe y Buenos Aires. De aprobarse definitivamente la iniciativa en el Senado , más de 1,6 millones de usuarios perderían el beneficio automático del 50 % de descuento, limitándose exclusivamente a aquellos hogares de las áreas ampliadas que logren acreditar su vulnerabilidad socioeconómica.
Para analizar la profundidad de esta polémica medida, el politólogo César Murúa explica que, desde una perspectiva estrictamente técnica y fiscal, la distribución indiscriminada de los recursos estatales suele generar severas distorsiones y situaciones de profunda inequidad social: «El punto acá es eh esta decisión que el gobierno ahora está tomando tiene desde el punto de vista técnico fundamento y un fundamento sólido y válido y es no se pueden distribuir subsidios de manera indiscriminada eh independientemente de los niveles socioeconómicos, sobre todo en regiones en las cuales eh es debatible si somos zona fría o no. Porque el asunto acá hay que entender una cuestión, no es que en invierno haga frío. Sí, efectivamente en invierno hace frío en Córdoba, pero el la totalidad del año no es una región particularmente fría. Claro, como sí lo puede suceder e por la frecuencia de cantidad de días fríos que vos tenés, por ejemplo, en la Patagonia. Entonces ahí despejar la cuestión más técnica, meteorológica, pero fiscalmente los gobiernos no deben distribuir subsidios indiscriminados. De hecho, e la clave para que sean sostenibles fiscalmente es que se puede diferenciar efectivamente quién lo recibe, eh, y que la persona que lo recibe, la familia que recibe el usuario efectivamente lo necesite».
Con la implementación de este recorte, el Gobierno nacional persigue un significativo ahorro fiscal en un escenario marcado por la recesión y una caída histórica en la recaudación de impuestos de los primeros meses del año, lo cual ha forzado a ajustar el gasto y a reducir las transferencias hacia las provincias y municipios. Al ser consultado sobre el momento elegido para aplicar este fuerte incremento tarifario y las razones de su postergación en el inicio del mandato, Murúa detalla las variables macroeconómicas y los impactos inflacionarios que entran en juego: «El gobierno está haciendo esto e no solamente por el por el momento del año que lo torna particularmente cruel en el sentido de que muchas personas probablemente quienes estén ahí en el borde de esas de esas eh de esas cantidades, de esos montos de las tres canastas básicas y demás y para poder entrar o no entrar en el subsidio van a tener que afrontar y no han tenido tiempo de adaptar sus consumos y sus estrategias, incluso hasta eventualmente hasta la forma en la cual iban a calefaccionar sus hogares en el invierno con tiempo. Si el gobierno tenía pensado reducir los subsidios y hacerlo más equitativo como marca un esquema racional de de gasto público, debería haberlo hecho con tiempo, anticiparlo, no hacerlo en la en la puerta de ingreso del invierno. Y finalmente, otra cuestión que tiene que ver con el tiempo es los subsidios a las tarifas de servicios públicos lo que hacen es bajar el precio de la energía, sea el gas o la electricidad. Estos subsidios son parte del gasto público del gobierno, pero cuando el gobierno reduce el gasto en en subsidios, esto automáticamente se traslada al precio de la energía. El precio de la electricidad o del gas forman parte de los precios que se miden en el índice de precio del consumidor, que es la el termómetro que nosotros usamos para medir la inflación. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto es una cuestión matemática. La reducción de los subsidios va a incrementar el precio de las tarifas de servicios públicos, lo cual va a tener un impacto en la inflación. ¿Por qué lo hace ahora? El gobierno lo hace ahora porque está viendo o está anticipando en el futuro una curva descendente de la velocidad de la inflación. Por eso no lo pudo hacer en enero, porque en enero la inflación estaba muy alta y si el gobierno además reducía los subsidios en aquel momento, eso iba a tener un impacto aún mayor todavía en el IPC».
Para garantizar el avance del proyecto en el ámbito legislativo, el Poder Ejecutivo ha debido recurrir a intensas negociaciones políticas y compromisos federales. En este sentido, para asegurar los votos de provincias tradicionalmente ajenas al debate del gas, se pactó la creación de un beneficio futuro vinculado al consumo energético en regiones de altas temperaturas: «Están cambiando figuritas. Así es. Sí. eh que no son las del mundial que que no son las del mundial. ¿Cuáles son las transacciones en este momento? El gobierno le prometió a determinados gobernadores que controlan algunos votos en la Cámara de Diputados y algunos votos en la Cámara de Senadores, un régimen especial de zona caliente, que es un subsidio a la electricidad para aquellas provincias que viven en zonas más calurosas y que durante el verano utilizan la energía eléctrica para refrigerarse, ventilarse, etcétera. Entonces, eh hm provincias neutrales, digamos, ante esta medida, sí, del gas van a optar por eh votar a favor de la eliminación del subsidio, entre otras cosas, porque han transaccionado un beneficio futuro. Entonces, ahí eh a propósito del del de la pregunta de Cristian recién del efecto fiscal, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta plata que nos ahorramos? Bueno, probablemente la plata que nos ahorremos la utilicemos para subsidiar la electricidad de Formosa, por ejemplo, que es una de las provincias que han acordado que van a incluir en el régimen de de las zonas calientes».
Finalmente, de concretarse la sanción de la ley, el descuento ya no se aplicará de manera automática según la ubicación geográfica de los usuarios, sino que estará sujeto a los niveles de ingresos declarados por cada grupo familiar. Para permanecer dentro del régimen de protección, los ciudadanos deberán completar una declaración jurada mediante plataformas digitales estatales como el perfil de Mi Argentina. En este marco, el especialista recalca la relevancia de mantener un Estado con capacidades técnicas sólidas para calibrar con justicia estas asistencias y evitar que la burocracia del trámite termine desamparando a los sectores que verdaderamente requieren del acompañamiento público para afrontar sus necesidades esenciales.