26/05/2021 – En el ciclo sobre “La discapacidad en Argentina”, el padre Pablo Molero y el psicólogo Eduardo Maidana, responsable de un centro de atención de jóvenes con discapacidad grave en San Miguel (Buenos Aires), hablaron del tema de las prestaciones que necesitan estas personas, a partir de la ley nacional 24901. “La atención integral de las personas con discapacidad, su salud, su educación, su contención social, su capacitación laboral están contempladas por esta norma. De ella surge que el estado nacional y los provinciales, las obras sociales y las prepagas tienen una serie de obligaciones”, expresó el padre Molero. Y agregó Maidana: “En nuestro país, esta ley prestacional da acceso a coberturas diferentes, es inclusiva. Hace más de 20 años que esta norma ha permitido dar acceso a servicios que antes se dificultaba poder hacerlo. Incluso contempla la atención temprana de las personas con discapacidad, previo a la escolarización del niño. También aborda la formación laboral. Esta aplicación de la ley ha dado muy buenos resultados para el sector”.
El sacerdote porteño indicó que “para poder acceder a estas prestaciones hay que tener el certificado de discapacidad. En cada provincia hay distintos ámbitos de salud que permiten esto”. Dijo Maidana: “Esto es un derecho que tienen las personas con discapacidad. Nosotros siempre estamos preocupados por lograr que estos derechos se efectivicen y hoy, gracias a Dios, hay mucha oferta de servicio”. Y añadió Molero: “Todavía hay personas que desconocen de la existencia de esta ley. A veces vemos campañas para lograr una prótesis, por ejemplo, y quizás eso ya esté asegurado. O tal vez las obras sociales especulan con esto. Y si no hubiera obra social, el estado debe hacerse cargo de la cobertura”.
El profesional sostuvo que “la ley 24901prevé que se traslade a la persona que necesite el servicio si está alejado del centro urbano donde se da el mismo. Otro aspecto a trabajar es la aceptación e inclusión social de las personas con discapacidad, estas barreras todavía hay que romperlas”. Y cerró Molero: “El estado, las prepagas o las obras sociales deben asumir el tema y habiendo identificado a las personas con discapacidad, consultarles por los servicios que necesita”.
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