24/04/2026 – En distintos puntos del país, organizaciones que representan a personas con discapacidad, junto a familiares y trabajadores del sector, protagonizaron jornadas de protesta en rechazo a los recortes en prestaciones y al nuevo proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei. Las manifestaciones pusieron en evidencia una creciente preocupación por el deterioro en la calidad de vida y el acceso a derechos básicos.
La iniciativa oficial busca modificar la ley de emergencia aprobada el año pasado en el Congreso —en aquella oportunidad sin el acompañamiento del oficialismo— y pone el foco en la revisión del sistema de pensiones no contributivas por invalidez. Desde el Gobierno se sostiene que hubo un crecimiento exponencial en su otorgamiento, pasando de 76.000 beneficiarios en 2003 a más de 1.200.000 en 2023, lo que, según argumentan, justificaría la necesidad de establecer mayores controles.
Sin embargo, desde el Foro Permanente de la Discapacidad advierten que el proyecto podría agravar la situación del sistema, generando nuevas barreras para la inclusión y afectando directamente a quienes dependen de estas prestaciones para su vida cotidiana.
En este contexto, el consultor en inclusión Lucas Romero aporta una mirada desde la experiencia y el conocimiento del sector: “Cuando se habla de fraude o de irregularidades, es importante no perder de vista que detrás de cada pensión hay una persona, una historia, una necesidad concreta. El riesgo de estos enfoques es que terminan generalizando y poniendo bajo sospecha a todo un colectivo que ya enfrenta enormes dificultades para acceder a derechos básicos”.
Romero también advierte sobre el impacto real que pueden tener estas medidas en la vida cotidiana: “Estamos hablando de personas que dependen de estas prestaciones para tratamientos, para acceder a medicamentos, para sostener su autonomía. Cualquier recorte o dificultad administrativa no es un dato técnico, es algo que impacta directamente en su calidad de vida y en sus posibilidades de inclusión”.
Asimismo, subraya la necesidad de pensar políticas públicas que no retrocedan en materia de derechos: “La inclusión no puede ser vista como un gasto a reducir, sino como una inversión social. Si el sistema tiene problemas, hay que corregirlos, pero sin perder de vista el objetivo principal, que es garantizar derechos y generar condiciones para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto de vida con dignidad”.
De este modo, el debate que se abre en torno a este proyecto de ley no solo interpela al ámbito político, sino que plantea una discusión más profunda sobre el modelo de sociedad que se busca construir y el lugar que ocupan en ella las personas con discapacidad.