19/06/2026 – La reciente decisión del Gobierno nacional de modificar por decreto el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió un intenso debate sobre la transparencia institucional y los mecanismos de control ciudadano previstos para la integración del máximo tribunal del país. La medida elimina la instancia previa de participación ciudadana y también deja sin efecto el criterio que recomendaba contemplar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la representación federal al momento de seleccionar a los candidatos.
Para la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba, Sabrina Kenis, los cambios introducidos representan una señal preocupante para la calidad institucional de la República. «Me parece que hay un retroceso, un grave retroceso institucional para la República Argentina», sostuvo al explicar que la Corte Suprema posee una enorme trascendencia porque constituye la cabeza del Poder Judicial y es el órgano encargado de resolver los conflictos constitucionales más relevantes del país, además de intervenir en disputas entre el Estado nacional y las provincias y revisar, en última instancia, decisiones judiciales de gran impacto para la ciudadanía.
La constitucionalista recordó que la propia Constitución establece un sistema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Senado para la designación de los ministros del máximo tribunal, mecanismo que fue complementado en 2003 con decretos que incorporaban criterios adicionales para fortalecer la transparencia del proceso. «Lo que se hizo en ese momento fue dictar normas que buscaban autoimponer pautas limitativas a las facultades presidenciales para que la integración de la Corte contemplara representación federal, diversidad de especialidades jurídicas y paridad de género», explicó.
Sin embargo, la reciente modificación elimina precisamente esos criterios y también suprime las audiencias públicas previas que permitían a ciudadanos, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil formular observaciones sobre los candidatos propuestos. Para Kenis, allí reside uno de los principales problemas institucionales. «La participación ciudadana se ve mermada. Detrás de esa participación está la intervención directa de los ciudadanos, de los colegios profesionales, de las organizaciones no gubernamentales y el control de los actos de gobierno, que es propio de un principio republicano», afirmó.
La especialista explicó que esas instancias de consulta pública cumplían una función esencial antes del envío de los pliegos al Senado. «Lo que buscaban estas audiencias era poner en conocimiento de toda la ciudadanía quiénes eran las personas propuestas para ocupar el más alto cargo del Poder Judicial, permitiendo que cualquier ciudadano, las asociaciones profesionales o las organizaciones no gubernamentales pudieran opinar fundadamente sobre esos candidatos. Eso hoy queda derogado», señaló.
Kenis cuestionó además el argumento oficial de que la eliminación de estas etapas agiliza los nombramientos. «El Poder Ejecutivo sostiene que esto moderniza el procedimiento porque las audiencias del Senado son públicas, pero lo que no se dice es que en esas instancias la ciudadanía ya no participa. Se pierde un mecanismo constitucional que permite la intervención directa de la sociedad en una decisión de enorme trascendencia institucional», advirtió.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la eliminación del criterio de diversidad para la integración del tribunal. «Se saca la posibilidad de buscar una integración con paridad de género y también la representación federal. Corremos el riesgo de terminar con una Corte integrada solamente por varones y con jueces provenientes exclusivamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que limita la mirada sobre las distintas realidades que atraviesan las provincias del interior», sostuvo.
Para la docente universitaria, la transparencia y la participación ciudadana constituyen pilares esenciales del sistema republicano y no deberían debilitarse. «Estamos hablando de quienes integrarán el máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Por eso resulta fundamental que toda la sociedad conozca a quienes son postulados y pueda ejercer un control democrático sobre un proceso que tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento institucional del país», concluyó.